La paralización de la actividad económica provocada por los esfuerzos de contener el nuevo coronavirus ha tenido un impacto en la generación de ingresos de personas y empresas. En el mercado de capitales, la falta de ingresos se ha traducido en una mayor presión para los emisores, que tenían compromisos adquiridos previamente con los inversionistas que habían confiado sus capitales a esas compañías.
Desde el pasado mes de marzo, cuando inició la crisis, el regulador de valores estableció un mecanismo para facilitar la modificación de los términos y condiciones de las emisiones. Así, a través del Acuerdo 3-2020, se hizo “más expedito el trámite de modificación de términos y condiciones de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), que tuvieran obligaciones de pago que desembolsar frente a los inversionistas o con condiciones y/o razones financieras que cumplir, desde la entrada en vigencia del mismo, hasta el 30 de septiembre de 2020”, explicó la propia SMV a una consulta de este diario.
El acuerdo permitía solamente la modificación de una serie de aspectos de la emisión, entre los que estaba la fecha de vencimiento de los valores, fechas y forma de pago de intereses o de capital, tasas de interés, así como razones y condiciones financieras. Para que la modificación de las condiciones originalmente pactadas se haga efectiva, el emisor tiene que recibir el consentimiento de los tenedores.
Hasta el pasado 9 de junio, según las cifras actualizadas por el regulador, se han presentado solicitudes para modificar de alguna forma las condiciones originales de 28 series de emisiones.
De ese total, 23 ya han sido aceptadas por los tenedores y la modificación ha quedado registrada en resoluciones de la Superintendencia.
Las series modificadas suman $412.3 millones y forman parte de emisiones por un total de $1,239 millones.
Del monto total de la emisión que se registró originalmente en la SMV, el emisor tiene la opción de modificar los términos y condiciones de toda la emisión, “no obstante han estado modificando únicamente determinadas series”, explicó el regulador.
Entre las emisiones modificadas se encuentran compañías del sector financiero, energético, comercial, turístico e inmobiliario, principalmente.
Los cambios que han solicitado los emisores están vinculados principalmente a nuevas fechas de pago de intereses, de pago de capital o de vencimiento.
Carlos Samaniego, presidente de la junta directiva de la Cámara Panameña del Mercado de Capitales, señaló que el Acuerdo 3-2020 “cumplió su cometido en el sentido de facilitarle a los emisores modificar sus términos en base a los problemas que hayan experimentado con la cuarentena... Y está en manos de los tenedores el considerar si aplica o no, que es la manera como los mercados de capitales deben funcionar porque son contratos privados”.
El ejecutivo puso esto en contraposición con el anteproyecto de ley 413, propuesto en la Asamblea Nacional, y que concedía de manera automática una prórroga de 90 días en la fecha de vencimiento y pago de obligaciones a las emisiones registradas en la SMV.
La iniciativa, que fue rechazada por el mercado, no tuvo mayor avance legislativo.
Amplían acuerdo
A través del Acuerdo 7-2020, la SMV amplió el alcance de la regulación. Así, se “permite el registro de modificaciones de términos y condiciones más allá del ámbito de aplicación establecido en el Acuerdo 3-2020, que era el 30 de septiembre de 2020. Sin limitación, el emisor puede modificar todos los términos y condiciones del valor, siempre que cuente con la aceptación de los tenedores”, comentó el regulador.
El abogado Carlos Barsallo dijo que el Acuerdo 7-2020 es un seguimiento del acuerdo anterior que “quita una camisa de fuerza” y coincidió con que se puede interpretar como un signo de que la crisis está siendo más larga de lo que originalmente se había previsto.
Cuando el emisor propone a los tenedores modificar los términos y condiciones debe informar sobre los motivos que lo llevan a realizar la solicitud, de manera que los inversionistas puedan tomar una decisión de aceptar o no la modificación. A juicio de Barsallo, también se debería exigir que se informara sobre cuánto está contribuyendo o sacrificando el propio emisor, sus accionistas y el equipo directivo.