Ciudadanos en 26 países usan energía, agua, carreteras, aeropuertos, trenes, plásticos y hasta estadios deportivos producidos u operados por Odebrecht, el gigante brasileño convertido en símbolo de la corrupción de escala continental.
La empresa, que enfrenta una multa de 4 mil 500 millones de dólares, acordó que 77 de sus exejecutivos confesasen sus delitos, un pacto que según quienes lo conocen contiene evidencias suficientes para cambiar el escenario político brasileño.
Odebrecht es una de las principales implicadas en la Operación Lava Jato (lavadero de autos), que investiga una red de sobornos a políticos y partidos para obtener contratos en Petrobras.
Pero su radio de acción fue mucho más allá de la petrolera estatal. Deltan Dallagnol, jefe de los fiscales de la Lava Jato, afirmó que sumergirse en la sofisticada maquinaria montada por Odebrecht para canalizar los sobornos fue como “ver al monstruo a los ojos”.
Creada en 1944 en el estado de Bahía (nordeste) como una constructora civil, Odebrecht SA es actualmente un conglomerado de capital familiar que se forjó al calor de la obra pública. Su último balance, de 2015, mostró una facturación de 39 mil 111 millones de dólares y un plantel de 128 mil 426 empleados. Ese año marcó un punto de inflexión: el arresto por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita de Marcelo Odebrecht, nieto del fundador y tercera generación de presidentes del grupo, condenado a 19 años de cárcel.
El escándalo obligó a reducir la plantilla (actualmente tiene de 75 mil a 80 mil empleados) y a redefinir su dirección.
La familia fundadora deberá apartarse del mando, ahora en manos de Newton de Souza, un veterano de la firma. Tras resistir durante casi dos años una lluvia de acusaciones, sin nuevos contratos con el Estado y con una deuda de 76 mil 300 millones de reales (unos 24 mil 500 millones de dólares), el grupo acordó revelar sus delitos para suavizar las condenas.
Puso en venta activos por 12 mil millones de reales (3 mil 863 millones de dólares), de los cuales ya ejecutó 5 mil millones ( mil 609 millones), y declaró que podía pagar 2 mil 600 millones de dólares de la multa de 4 mil 500 millones de dólares fijada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde cotiza su petroquímica Braskem, multada por su parte en unos 900 millones de dólares.
El 17 de abril se conocerá si la quita es aceptada y la penalidad combinada queda en 3 mil 500 millones de dólares. La suma deberá repartirse entre Brasil (cerca de un 80%), Estados Unidos y Suiza. “Una empresa no muere por algún error aquí y allá. Muere por falta de liquidez, sofocada por la falta de caja”, planteó su nuevo CEO.
La mayoría de las acusaciones contra Odebrecht están ligadas a su unidad de construcción, responsable por el 43.7% de sus ingresos.
El portafolio incluye obras en el parque olímpico de Río; en el estadio Maracaná; en el puerto de Mariel, en Cuba; viviendas en Panamá; el aeropuerto Simón Bolívar, en Venezuela; el de Nacala, en Mozambique y la carretera Frand Parkway, en Texas, entre otras.
Braskem, la sexta petroquímica mundial, es la otra joya. Esta sociedad, controlada en conjunto con Petrobras, es la única empresa de Odebrecht que cotiza en bolsa, aportando 40% de la facturación del grupo. Su último gran proyecto fue un complejo petroquímico inaugurado en 2016 en México, que costó 5 mil 200 millones de dólares.
Los tejemanejes de la empresa terminarían en un escándalo internacional. En Perú, produjo una orden de arresto contra el expresidente Alejandro Toledo.
En Colombia, salpicó al mandatario Juan Manuel Santos, y en Argentina alcanzó al jefe de la Inteligencia, Gustavo Arribas, entre varios otros.
Las primeras filtraciones de la delación en Brasil rozaron al presidente Michel Temer y anticiparon que los sobornos —estimados en casi 1,000 millones de dólares en decenas de países— corrieron a la derecha y a la izquierda del arco político.
Las consecuencias de un eventual colapso de Odebrecht llevaron al propio juez Sergio Moro, responsable de enviar a prisión al ex-CEO del grupo, a encender las alarmas. “Se trata de una empresa que por su dimensión económica, con un patrimonio de miles de millones de dólares, tiene un papel relevante en la economía brasileña (...) Hasta es razonable, dentro del contexto, discutir su sobrevivencia, mediante mecanismos de compensación, para preservar la economía y los empleos”, escribió al ordenar el arresto de Marcelo Odebrecht.
Colombia cancela contrato a Odebrecht
Colombia ordenó terminar “de manera inmediata” un contrato para la construcción de una vía firmado con una concesionaria de la que forma parte la empresa Odebrecht, en medio del escándalo de corrupción protagonizado por esa firma brasileña.
La estatal Superintendencia de Industria y Comercio “le ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dar por terminado de manera inmediata el Contrato de Concesión de la Ruta del Sol - Tramo 2”, una ruta de más de 500 kilómetros que une el centro del país con el Caribe y del que participa Odebrecht, señaló el organismo en un comunicado.
Se “impone la obligación para la ANI como contratante de decretar la terminación del contrato por haberse suscrito en violación de una prohibición legal que consistiría en la vulneración de las normas constitucionales y legales que rigen la protección de la libre competencia económica”, explicó el texto.
Esto, porque según la Superintendencia “existen múltiples evidencias” sobre la forma en que el exviceministro de Transporte Gabriel García “habría direccionado el proceso licitatorio con el fin de favorecer la propuesta” de Odebrecht para la construcción de este tramo de la Ruta del Sol “en desmedro de las otras propuestas presentadas”. “El funcionario Gabriel Ignacio García Morales habría ejecutado dichas irregularidades a cambio de un soborno pagado por Odebrecht, por un monto de 6.5 millones de dólares”, que él mismo aceptó haber recibido y por lo cual se encuentra en prisión, detalló el comunicado.
García fue viceministro de Transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), en el que fue adjudicado el contrato.
Por orden de la Superintendencia, la ANI deberá también “estructurar y adelantar una nueva licitación pública que garantice la libre competencia económica” y “la suscripción de un nuevo contrato de concesión que, por lo menos, asegure la ejecución en su integridad” de la obra vial.
Según el Gobierno, Odebrecht firmó tres convenios con el Estado colombiano: la Ruta del Sol sector 2 en 2010, la vía Puerto Boyacá - Chiquinquirá (centro) en 2012 y otro para darle navegabilidad al río Magdalena, el afluente más importante del país, en 2014.
Por los casos de corrupción de Odebrecht, detectados en varios países de América Latina, han sido detenidos en Colombia García y el exsenador Otto Bula, señalado de favorecer una adición al contrato de la Ruta del Sol 2 en 2013.