Luego de la fuerte contracción de la economía en 2020 y de las rebajas a la calificación de riesgo del país, el ritmo de recuperación y las medidas para contener los niveles de déficit son dos factores que siguen de cerca las agencias de rating para determinar el futuro de la calificación soberana.
Así lo manifestó Renzo Merino, vicepresidente analista senior del Grupo de Riesgo Soberano en Moody’s Investors Service, en un webinar organizado por la Bolsa de Valores de Panamá bajo el título “Riesgo país y su impacto en el desarrollo económico”.
Para este año, la agencia espera un crecimiento del producto interno bruto (PIB) entre 8% y 10%, probablemente más cerca del 10%, sostuvo Merino, en parte por el efecto rebote tras haber sufrido en 2020 una de las contracciones más fuertes del mundo.
“Para la calificación del Gobierno, el ritmo de recuperación económica será importante”, dijo el analista, pero no solo en 2021, sino que se debe ver si la economía a mediano plazo es capaz de sostener un ritmo de crecimiento entre 4% y 5%.
Otra variable “muy importante” será cuando el Gobierno presente medidas concretas para apoyar la consolidación fiscal a mediano plazo, es decir, acciones para contener el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda pública.
Merino dijo que se entiende que aún la pandemia no ha terminado y, por lo tanto, se requerirá la actuación del Gobierno tanto en la respuesta a la pandemia como en activación de la economía y que las medidas de consolidación fiscal se estarían esperando a partir del próximo año.
En un reciente reporte, la calificadora señaló que solamente el crecimiento económico podría no ser suficiente para revertir el deterioro en los ratios de deuda y que, por lo tanto, serían necesarios otros esfuerzos de consolidación fiscal. Esto pasaría por acciones que limiten el gasto y que eleven los ingresos públicos.
Precisamente, uno de los principales factores que llevó a Moody’s a rebajar la calificación de riesgo de Panamá el pasado mes de marzo tiene que ver con el deterioro de las cuentas fiscales.
Merino explicó que en 2019, cuando elevaron la calificación del país, las métricas eran relativamente favorables respecto a países en un similar rango de calificación.
En 2020, producto de una caída del PIB nominal de 20.7%, un déficit fiscal de 10.1% y emisiones que hizo el Gobierno por no existir banca central para tener un fondo de liquidez que utilizase la banca si fuera necesario, la carga de la deuda respecto al tamaño de la economía se elevó de 46.4% a 69.8%, es decir, más de 23 puntos porcentuales.
También se elevó la carga de los intereses, medida como la proporción de ingresos que se tienen que destinar al pago de intereses que genera la deuda, “lo que restringe la capacidad de usar esos ingresos para otros gastos necesarios”, explicó el analista.
Así, el grave deterioro de 2020 hizo que Panamá pasara de estar en línea con el promedio de los pares, a tener unas métricas más débiles que, por ejemplo, Colombia, Uruguay o Islas Mauricio, lo que propició el downgrade.
La fuerte contracción de la economía vino marcada por las prolongadas restricciones impuestas a la actividad económica durante 2020, en un esfuerzo por contener el virus respiratorio.
El análisis de Moody’s concluye que, en concreto, fue la la caída del sector construcción lo que más incidió en la fuerte contracción.
Merino señaló que este sector había ido ganando terreno en la composición del PIB hasta un 19%.
La construcción registró caídas del 80% en promedio en el segundo y tercer trimestre de 2020, y de casi el 50% en el conjunto del año.
Por tanto, que un sector con tanto peso en la economía cayera de forma tan pronunciada explica principalmente la fuerte contracción del PIB.
Hacia adelante, a “muy largo plazo”, Merino vislumbra una transición hacia una economía similar a las de Hong Kong y Singapur, con Panamá como hub comercial y financiero de la región. Para conseguirlo, antes hay que hacer una serie de tareas, como seguir invirtiendo en el sector de transporte y logística para fomentar ese hub de comercio internacional y asegurar que la fuerza laboral doméstica tiene la capacidad para servir al sector externo.
Buena parte de las aspiraciones de desarrollo del país pasan también por mejorar la calidad institucional, y esto es algo que también analiza Moody’s.
De hecho, junto a la fortaleza fiscal, la robustez económica y la susceptibilidad a eventos de riesgos, la firmeza institucional es uno de los elementos que determinan la calificación de riesgo de un país.
Dentro del análisis del perfil institucional hay varios factores que se consideran. Merino explicó que Panamá está muy cerca de los pares con calificación Baa en cuanto a los indicadores en efectividad del gobierno e imperio de la ley. Sin embargo, “donde Panamá es más débil es en cuanto al control de la corrupción. Es algo que sí pesa dentro de nuestra opinión sobre la fortaleza del marco institucional del país”, sostuvo.
Consultado por este aspecto en el foro, amplió que en el caso específico de la corrupción, toman como referencia indicadores que producen entidades como Transparencia Internacional o el Banco Mundial. Dentro del factor de la institucionalidad, hay varios subfactores y los temas ligados a la corrupción se enmarcan dentro de uno denominado “fortalecimiento de la sociedad civil y el poder judicial”. El resultado en este elemento es más débil, es decir, que supone un lastre en el análisis de la fortaleza institucional.
Merino señaló que por tanto, es un elemento que pesa en el perfil crediticio y “actúa como una de las limitantes de la calificación en el nivel de Baa2”.
Dentro del marco institucional, la dolarización de la economía y la administración del Canal de Panamá actúan como fortalezas, mientras que el papel de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal tiene un efecto mixto, ya que las metas de déficit fiscal se han cumplido, pero tras haberlas modificado.
