La reducción en el déficit fiscal en 2021 es considerado como un factor positivo para la calificación de riesgo, según la agencia Moody’s Investors Service. El año pasado, el desbalance entre ingresos y gastos del gobierno central fue equivalente al 6.3% del producto interno bruto (PIB), una reducción desde el 9.1% de 2020.
En el conjunto del sector público no financiero, el déficit se redujo a un 5.5% del PIB, dos puntos porcentuales por debajo del límite de 7.5% establecido para el año en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Renzo Merino, vicepresidente y analista sénior del Grupo de Riesgo Soberano de la calificadora, dijo en una conversación con este diario que la perspectiva estable que tiene la calificación de Panamá consideraba que después del gran deterioro de las métricas de deuda a raíz de la pandemia, sobre todo por la caída del PIB en 2020, se esperaba una estabilización y cierta mejoría en 2021. “Con los resultados que tenemos por el lado fiscal, esa condición de estabilización y hasta cierta mejoría en los números de deuda ya se dio”, sostuvo el analista.
La agencia estima que la economía habría crecido entre 14% y 15% en 2021, una proyección similar a la del Gobierno (15.5%), resultado superior al 10% que se esperaba en el transcurso del año.
“Valorando estos desarrollos por el lado fiscal y también lo que vemos de una aceleración gradual de la recuperación económica, las métricas crediticias de Panamá se están comportando con el escenario base, que era consistente con la calificación de Baa2 y perspectiva estable”, comentó.
La agencia espera que este año se cumpla el techo de déficit fiscal, marcado en un 4% tras la revisión efectuada en 2020 para dar más espacio al gasto en medio de la pandemia.
En el lado de los ingresos se contemplan aportes adicionales del Canal de Panamá y de la mina, y en los gastos se espera cierta contención de aquellos vinculados a la respuesta de la pandemia.
Merino destacó que la estructura de gastos del gobierno de Panamá es más flexible que en otros países de América Latina, porque tiene un componente de capital mayor en términos relativos.
No obstante, el analista advierte de que el gasto de capital se ha ido reduciendo en los últimos años respecto del PIB y proporcionalmente dentro de la composición de los gastos totales.
La contraparte es que los gastos corrientes han ido aumentando, por factores como mayores compromisos en intereses vinculados a la deuda, las transferencias, que se espera se moderen a medida que la pandemia cede, y el aumento en los gastos salariales.
Merino dijo al respecto que aunque en el contexto de la pandemia se hayan tenido requerimientos adicionales en áreas como la salud, desde antes de la crisis se venía dando un aumento en el gasto salarial, principalmente por leyes especiales que establecen incrementos a determinados funcionarios.
El aumento del gasto corriente reduce esa flexibilidad que caracteriza la composición del gasto de Panamá y puede suponer un riesgo para cumplir las metas de déficit fiscal en el futuro.
Tras el 4% de este 2022, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal sigue marcando una senda de reducción de déficit que lleva el límite a un 3% en 2023, a 2% en 2024 y a 1.5% a partir de 2025.
La agencia señala que suponiendo que el Gobierno es capaz de contener el gasto corriente y lograr medidas que aumenten los ingresos, los menores niveles de déficit deberían estabilizar la deuda alrededor del 64% del PIB, por debajo del 68.5% de 2020 pero superando el 46.3% de 2019.
Después de este año, la trayectoria de las métricas de deuda reflejará en mayor medida la capacidad del Gobierno de abordar los retos de una estructura de gasto más rígida y los riesgos derivados de la dependencia de los aportes del Canal de Panamá, señaló la agencia.