LEGISLACIÓN

Moratoria ampliaría alcance con el proyecto de Ley 287

Moratoria ampliaría alcance con el proyecto de Ley 287
Los bancos habían señalado que el retraso de los pagos no generaría recargos para los clientes afectados. Roberto Cisneros

El proyecto de ley 287, aprobado por la Asamblea Nacional en tercer debate, introduce una moratoria para determinados pagos, ampliando el alcance de algunas medidas que ya habían sido adoptadas por el sector privado con base a la regulación vigente.

El texto establece una moratoria de tres meses que empezaría a contar en marzo pasado, sobre todos los préstamos hipotecarios, personales y comerciales, a jubilados, así como tarjetas de crédito otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras.

También sobre los préstamos comerciales otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras; al sector transporte otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras; y los préstamos prendarios otorgados por instituciones financieras. Bancos y financieras de la plaza ya habían anunciado medidas de flexibilización.

En el caso de los bancos, más de 20 entidades que representan un 95% de la cartera comercial, concedieron de manera conjunta la suspensión automática de los pagos en los préstamos de consumo como hipotecas residenciales, préstamos personales, de autos y tarjetas de crédito a las personas afectadas por la crisis. En lo que se refiere a la cartera comercial, los bancos se habían puesto a disposición de los clientes para renegociar y flexibilizar las condiciones, luego de que la Superintendencia de Bancos liberara una reserva de $1,252 millones, y con el entendimiento de que cada cliente podría requerir una solución particular.

El proyecto de ley 287 concedería a todos los préstamos de aquellas personas y empresas afectadas por la crisis la moratoria de tres meses.

Además, la norma señala que “las entidades bancarias, cooperativas o financieras no efectuarán cobros ni devengarán intereses, recargos o cualquier tipo de cobro adicional por falta de pago, pago atrasado o por cual quier otro motivo sobre todos los créditos de consumo y tarjetas de crédito por el término de noventa días”. La mayoría de los bancos, al anunciar sus medidas de flexibilización, habían señalado que el retraso de los pagos no generaría recargos.

La norma no exime de la deuda a los clientes. Establece que acreedor y deudor deberán, de común acuerdo, establecer los mecanismos y prorratear el pago de los compromisos en un periodo de dos años sin mayores intereses o recargos.

Además de las obligaciones bancarias, el proyecto 287 también decreta la suspensión por 90 días del cobro por cánones de arrendamiento de oficinas comerciales, locales y habitacionales. Anteriormente, el Ministerio de Ordenamiento y Vivienda Territorial había instado a las partes a ponerse de acuerdo para encontrar fórmulas de solidaridad.

Otro aspecto que trata de regular el proyecto de ley, que aún debe recibir sanción presidencial, es el bono solidario. Señala que este beneficio que recibirán los empleados que hayan sido cesados, suspendidos y los trabajadores informales que se han visto afectados, “debe ser en razón del costo de la canasta básica”. Según la última medición del Ministerio de Economía y Finanzas, en noviembre de 2019 la canasta básica familiar tenía un costo de $309. No se especifica en el proyecto si el bono sería por el costo total de la canasta.

A diferencia del proyecto original, la ley es más restrictiva en cuanto a los beneficiarios y especifica que “las personas que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan recibiendo un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad comercial no podrán acogerse a la presente ley”.

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