Los propietarios de bienes e inmuebles alertaron sobre la alta morosidad que existe por parte de algunos arrendatarios, luego de nueve meses de pandemia. Lo preocupante es que han detectado inquilinos que tienen ingresos pero que no están pagando.
El Decreto Ejecutivo 314 del 7 de agosto de 2020, que modificó el Decreto 145 del 1 de mayo pasado, suspendió todos los procesos de lanzamiento y desalojo de bienes inmuebles destinados a vivienda, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docente, sin distinción del canon de arrendamiento.
“Los decretos que prohíben el lanzamiento por morosidad han provocado que los malapagas digan: como no me pueden lanzar ahora no pago”, dijo José Antonio Díaz, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (API).
La regulación suspendió temporalmente el pago de cánones a los arrendatarios afectados por la pandemia, mientras dure la emergencia nacional.
El no pago de los alquileres afecta a los propietarios de inmuebles que viven de estos ingresos, y los deja sin recursos para pagar la cuota de mantenimiento.
La API envió una carta al ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, en la cual advierten que “ya no aguantan la situación”, pero según Díaz, todavía no han tenido respuesta. Hubo una mesa de diálogo de los arrendadores y arrendatarios donde se les dijo a los propietarios de inmuebles que establecería una regulación para que solo se detuviera el lanzamiento de las personas realmente afectadas por la pandemia.
Sin embargo, dijo Díaz, no se ha hecho nada y muchas personas que se han incorporado a trabajar, no están cumpliendo.
Es difícil precisar el porcentaje de incumplimiento, porque según Díaz, este es un mercado fluctuante, donde hay gente que comienza a pagar y luego dejan de hacerlo. Esto ocurre en la ciudad capital y el resto del país.