Desde el pasado 14 de julio, cuando el Gobierno anunció la conformación del equipo para renegociar la concesión que mantiene Minera Panamá con el Estado, se han dado siete reuniones que han dado como resultado una “consolidación de la propuestas” que esperan presentar a la empresa antes de que finalice este mes.
El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, quien lidera la comisión desde el ala estatal, confirmó a este diario que en unas dos semanas podrían estar sentándose con los representantes de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum.
En términos de inversión privada, se trataría de la conversación de mayor envergadura que tendrá el actual Gobierno, teniendo presente el tamaño de la operación, lo que representa en exportaciones anuales y la huella ambiental que deja una extracción a cielo abierto.
El Gobierno ya ha reconocido que la actual relación no es la más beneficiosa para el país, debido a las regalías que recibe por la explotación de la mina en Donoso, Colón.
De allí que en la mesa se planteará un incremento de las regalías que recibe el Estado, que solo son del 2% por el canon que paga la empresa por uso de suelo.
Martínez indicó que la propuesta hasta ahora consensuada a lo interno de la comisión negociadora tiene varios fundamentos importantes, entre los que destacó la reestructuración del esquema de regalías y la eliminación de exoneraciones a favor de Minera Panamá.
Martínez no ofreció el detalle de qué tan abarcadora sería la eliminación de las exoneraciones y tampoco reveló la modificación que estarían proponiendo para el pago de regalías.
La minera, sus filiales y contratistas están exentos de pagar impuesto de introducción e importación de equipos, combustibles, materiales y maquinarias que sean utilizadas en el proyecto.
También se registra la exoneración del impuesto sobre la renta aplicable a remesas o transferencias al extranjero que se hagan para pagar asesorías, comisiones, préstamos o regalías fuera del territorio nacional, de acuerdo con el contrato entre Minera Panamá y el Estado.
La empresa tiene derecho a excluir como gastos de operación aquellos que sean deducibles según las leyes vigentes que regulan el impuesto sobre la renta.
Además de los cánones superficiales, regalías y el cargo de depreciación, hay otros renglones que pueden ser deducibles como gasto de operación. Entre estos se encuentran la deducción anual por agotamiento de cada uno de los yacimientos, los gastos de excavaciones, así como los gastos que se realicen en investigaciones geológicas y exploraciones mineras.
Son al menos cinco categorías de exoneraciones que utilizan de base el Código Minero, por lo cual quedaría por develarse el alcance de los cambios y si estos serían aplicables a otras concesiones.
Respecto a la negociación, “estamos preparando cada uno de los sustentos técnicos”, recalcó el ministro, quien confirmó que se descartó la idea de que el Estado tenga una participación accionaria en la mina, tal como había recomendado el diplomático Marcel Salamín, quien ayer reveló su salida de la comisión conformada para renegociar el contrato con Minera Panamá.
“El señor Salamín presentó una propuestas esperando que todo el equipo la acogiera”, pero se descartó, puntualizó Martínez, sin obviar que podría analizarse a futuro como parte de una política minera.
En este proceso, para los aspectos legales, el Gobierno seleccionó a la firma Hogan Lovells, un grupo de abogados con experiencia en negociación de contratos, litigios y arbitrajes internacionales.
Para los aspectos técnicos y económicos, la iniciativa CONNEX del G-7 ha asignado consultores en temas fiscales y económicos de operaciones mineras.
La idea de trabajar con ellos, dijo Martínez, es tener el soporte técnico y la experiencia que se requiera al momento de hablar con los representantes de First Quantum.
En el pasado reciente, la empresa ha informado que está preparada para dar inicio formal a la renegociación del “contrato vigente”, destacando que su inversión en el país ha sido de $6,700 millones.
“Estamos seguros que para lograr un acuerdo que sea de beneficio para todas las partes, el proceso de renegociación debe sustentarse en el respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho tanto para el país como para la empresa. Confiamos que dicho acuerdo permitirá que Panamá siga atrayendo buenas inversiones y que Cobre Panamá siga brindando un desarrollo sostenible a las comunidades, a los trabajadores y al país”, destacó la empresa en su último comunicado.
De todos los proyectos que mantiene la empresa canadiense a nivel mundial, el de Panamá está entre los más lucrativos. A pesar de la pandemia, el año pasado la mina de Donoso, en Colón, generó ventas por $1,455 millones, luego de procesar 205 mil 548 toneladas de cobre.
Si mantiene el ritmo de trabajo del primer trimestre de 2021 podría cerrar este año con más de 300 mil toneladas de cobre, sin contar el oro y la plata que se extrae de la piedra molida.
Desde que la minera despachó el primer buque con concentrado de cobre en 2019 hasta el primer trimestre de 2021, la operación en Panamá ha generado ventas por $2,235 millones.
De este total, el Estado ha recibido $35 millones, mientras que por los cánones superficiales la empresa paga $38 mil 868 al año.
Con información de Alex Hernández
