La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap) señaló ayer en un comunicado que las empresas se están preparando para la apertura del segundo bloque de actividades, entre los que se encuentran la industria y la construcción de infraestructura pública, y solicitó al Gobierno que ejerza como facilitador de la inversión privada.
“No es momento de trámites burocráticos ni trabas, que apuntan a poner más restricciones y costos a los ya golpeados negocios”, señaló el gremio en un comunicado publicado ayer con la firma de su nuevo presidente, Jean-Pierre Leignadier.
El gremio mostró preocupación por el hecho de que a puertas de activar un segundo bloque de sectores económicos, aún se están acordando los términos y las condiciones del financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas a partir de una línea de crédito de $300 millones concedida por el Banco Interamericano de Desarrollo. “Los tiempos de respuestas que observamos no corresponden con los plazos y la urgencia que se necesitan para una apertura ordenada; al no haber un plan articulado que coordine las necesidades de los diversos sectores impactados”.
Apede defiende la libre empresa
Apede recordó que ‘vivimos en un régimen de libre empresa que no puede ni debe ser substituido por la imposición estatal. Las empresas son las más interesadas en promover un ambiente saludable para sus trabajadores, clientes y proveedores, que mitigue la posibilidad de contagio del virus’.
De igual forma, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) señaló en otro comunicado que “los protocolos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, con el objetivo de que las empresas puedan volver a trabajar, son complicados y no garantizan lo que buscan, ya que dan cabida a algunas consideraciones que no están relacionadas con la mitigación del contagio y de fórmulas imposibles de cumplir y auditar”.
El gremio sugiere trabajar sobre guías sanitarias adaptables y genéricas, ya que las empresas y sus trabajadores entienden la realidad de su entorno.
“Nos preocupa que a las empresas con más de 51 trabajadores, se les obligue a contratar a un profesional en seguridad ocupacional que tendrá como única función evaluar el protocolo de higiene y seguridad producido por las propias empresas, tomando en cuenta que no existen suficientes profesionales idóneos en este ramo” y que las empresas no están en capacidad de contratar personal o servicios adicionales, indicó la Apede. El gremio pide que se establezca una ventanilla única que permita que el proceso de acreditación de las guías sanitarias sea efectivo y expedito. “La burocracia estatal no debe ser otro obstáculo que vencer en el camino por lograr la nueva normalidad”, apuntó.