El hecho de mantener ocultos a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas no tiene justificación en la actualidad. Así lo manifestó ayer Ivy Solís Valdés, investigadora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, en un conversatorio para periodistas sobre los registros de beneficiarios finales.
La abogada sostuvo que hay otros tipos de sociedades en las que es requisito conocer quiénes son los accionistas e inscribirlos junto a otros datos en el Registro Público.
De acuerdo a las leyes vigentes, el agente residente debe tener acceso a esa información de una sociedad anónima, pero según Carlos Barsallo, presidente de la fundación, se ha demostrado que tener esa información atomizada hace que se produzcan deficiencias a la hora de compartir datos, ya sea por demoras o por falta de actualización de los mismos, y esto se traduce en incumplimientos de Panamá a la hora de entregar información. Por eso, un registro centralizado de beneficiarios finales que esté actualizado permite responder más rápido, sostuvo el abogado.
Panamá aprobó en marzo de 2020 una ley para crear un registro privado y único de beneficiarios finales.
Sin embargo, la norma no se ha reglamentado a la fecha y tampoco se ha creado la base de datos. Además, el Ejecutivo ha propuesto cambios al 40% del articulado de la norma, según un proyecto de ley presentado en abril.
El Gobierno está inmerso en este proceso para cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y así salir de la lista gris que identifica a los países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
No obstante, desde el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional señalan que el registro, bien usado, puede servir para prevenir la corrupción localmente y lamentaron que entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas no esté entre las autoridades que podrán solicitar información al registro.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la organización, señaló que “nos afecta localmente que no podamos llegar a quien es el verdadero dueño de una entidad jurídica” y añadió que la ola de corrupción que ha surgido con la pandemia, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, “ha hecho que sea más importante entender quiénes son los verdaderos accionistas detrás de las compañías que hacen proveeduría pública”.
