Pascal Saint–Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), le dio un espaldarazo a Panamá. Visitó por primera vez el país y dijo que “las cosas han cambiado radicalmente”, en referencia a los avances logrados en transparencia financiera.
Duro crítico en el pasado, cuando advertía que la legislación panameña presentaba muchas deficiencias, Saint–Amans dijo ayer que en estos momentos hay una “fuerte confianza entre la OCDE y Panamá, la cual quedaría avalada en un futuro informe “a favor” del país.
Él se refiere a la revisión del organismo pautada para noviembre, a solicitud de Panamá, y en la cual el país pretende ser catalogado como una nación cumplidora en materia de intercambio de información financiera, según los estándares de la OCDE. Con esto, Panamá se quitaría un gran peso y estigma de encima.
La OCDE, encargada de elaborar las normas en materia de derecho fiscal y tributario para erradicar los paraísos fiscales, examinó el grado de cumplimiento de Panamá bajo el estándar internacional sobre transparencia e intercambio de información impositiva durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2018.
En dicho reporte, divulgado en noviembre de 2019, se determinó que el país cumplía “parcialmente” con el sistema de intercambio de información financiera entre países. ¿Por qué motivo? Porque durante el período de revisión, Panamá recibió 302 solicitudes de información y apenas proporcionó información parcial sobre el 46% de los requerimientos.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confía ahora en que las medidas legales y operativas que ha puesto en práctica para atender las solicitudes de información sean suficientemente efectivas para que la OCDE se incline a favor de Panamá.
Un punto contundente es que en febrero pasado, la OCDE, que todavía ve espacios para mejoras, le reportó a los países del G–20 que Panamá era un país cumplidor.
El ministro de Economía Héctor Alexander y su equipo de trabajo reconocieron que las leyes son fundamentales, pero más determinante será probar su aplicación, como parte del compromiso internacional asumido por Panamá.
En 2016, el país firmó el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, un marco legal que facilitó la implementación de iniciativas jurídicas en materia de transparencia mediante la extensión de la red de países con los cuales Panamá se ha comprometido al intercambio bilateral de información fiscal.
Respecto de los pasos dados por el país durante el último año, el Gobierno enaltece la Ley 56 de 2019 que creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, fortaleciendo al ente supervisor de las actividades económicas no financieras; la Ley 87 de 2019, que reformó la ley de defraudación fiscal para limitar a una sola ocasión la exención de pena de cárcel, si se devuelve el dinero defraudado; la Ley 169 de 2019, por la que se aprueba la creación de un registro único de beneficiarios finales y la Ley 123 de 2019 que castiga con prisión de 8 a 15 años el envío ilegal de remesas.
Las declaraciones de Saint–Amans y el ministro Alexander se dieron en el marco de una visita de una delegación de la OCDE al país.
Panamá tiene como fin afianzar la relación con este organismo para sumar su apoyo en la implementación de las tareas pendientes en materia fiscal internacional.
Saint–Amans y Alexander destacaron que no se trata de un estrategia para salir bien en el próximo informe, sino de una política de largo plazo para que Panamá encare de forma positiva la cooperación tributaria que rige ahora con una perspectiva global.