La creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que tiene la función de supervisar un importante grupo de sectores económicos no financieros; la aprobación de la ley para crear un registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas; la modificación al Código Penal para reforzar la norma que castiga con cárcel la defraudación fiscal y a quien realice de manera comercial transferencias de dinero sin la licencia correspondiente; la actualización de la evaluación nacional de riesgos; y la suspensión de sociedades que no cumplen con requisitos como tener un agente residente, son algunos de los últimos avances que ha efectuado Panamá en su esfuerzo por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Así lo expuso ayer Isabel Vecchio, subdirectora de la Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales, en el XXIV Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.
El país fue incluido en esta relación de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en junio de 2019. Desde ese momento se comprometió con la ejecución de un plan de acción para resolver las deficiencias detectadas.
En el calendario original había prevista una reunión cara a cara con Gafilat, el brazo regional de GAFI, para el mes de mayo, pero debido a la pandemia del nuevo coronavirus se reprogramó para septiembre, mientras que en octubre habrá una plenaria de GAFI.
Si en estas citas las evaluaciones son positivas, la salida de la lista gris se podría concretar el próximo año, comentaron varias fuentes.
Consultada sobre qué le faltaría a Panamá para lograr este objetivo, Issamary Sánchez, embajadora de Panamá en Francia, dijo que “necesitamos cerrar los hallazgos. Se resalta mucho el tema de la efectividad en casos de materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal y delitos conexos. Esperan de nosotros la ejecución práctica de las normas emitidas”.
