La presión internacional para combatir la evasión fiscal está tomando un nuevo giro que puede tener efectos negativos para la economía panameña.
Además del castigo reputacional para la imagen del país, el siguiente paso es la imposición de medidas específicas para desincentivar que las empresas tengan relaciones con países catalogados como paraísos fiscales.
Esto es lo que está haciendo Alemania a través de la denominada Ley de Defensa contra Paraísos Fiscales, aprobada el pasado mes de junio.
El país europeo introduce con esta norma medidas fiscales más estrictas para las relaciones con países que forman parte de la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea (UE), en la que figura Panamá.
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, dijo durante el proceso de aprobación de la ley que estaban actuando para eliminar los paraísos fiscales y que al adoptar la ley se intensificaba la lucha contra la evasión, desalentando las relaciones de negocios con jurisdicciones que no cumplen los estándares fiscales internacionales.
Las medidas aprobadas, cuya implementación empezaría a partir de enero de 2022, incluyen la prohibición de deducirse gastos incurridos en los países listados; retenciones en pagos efectuados de Alemania cuyos receptores sean residentes fiscales en Panamá, así como medidas de reporte más exigentes.
Además, según explicó José Andrés Romero, socio de impuestos de KPMG, los ingresos que perciba una compañía panameña controlada por una holding residente en Alemania van a ser considerados para efectos tributarios como si fueran directamente ingresos propios del accionista en el país europeo.
Se trata de medidas que, en definitiva, elevan las exigencias de cumplimiento, encarecen las operaciones entre ambos países, y hacen por lo tanto menos competitivas las exportaciones panameñas al país europeo y menos atractiva la operación de empresas alemanas en Panamá.
Luis Ocando, gerente de país de EY Panamá, explicó que la ley no distingue si una empresa está instalada en el país a través de alguno de los regímenes especiales que ofrece Panamá, aunque estos hayan sido analizados previamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y catalogados como no perniciosos desde el punto de vista fiscal.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la posición de la inversión extranjera directa alemana en Panamá era de $767.2 millones al término de 2019, de acuerdo al último dato disponible, con inversiones en los sectores de ‘marketing’, gastronómico, hotelero, automotriz y financiero, según Propanamá.
Mientras que entre los productos exportados de Panamá a Alemania en 2019 destacan la harina de pescado, aceite de palma, piña, café, cacao en grano, ron y camarones cultivados, según la misma agencia.
La medida causa preocupación entre la comunidad empresarial que tiene vínculos con Alemania.
En una conversación con este diario, Alexis Fletcher, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Panameño Alemana, que agrupa a unas 140 compañías, dijo que las empresas agremiadas están preocupadas sobre cuál será la situación al momento de la entrada de aplicación de las medidas y si “ya pudiéramos tener acciones concretas que hagan que Panamá salga de la lista y que la ley no se nos aplique tan inmediatamente”, de manera que se eviten eventuales efectos colaterales como el desempleo o la cancelación de operaciones.
Dani Kuzniecky, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, dijo que en relación a la captación de inversión extranjera, se generan dos problemas: por un lado, de las empresas ya establecidas, que podrían decidir irse, y, por otro, aquellas que tenían intención de establecerse, y podrían no hacerlo.
En ese sentido, Fletcher señaló que hasta la fecha ninguna compañía alemana con presencia en Panamá le ha comunicado su intención de abandonar el país.
El consejero de la Embajada de Alemania en Panamá, Jens Büntjen, dijo que la iniciativa alemana parte de acuerdos alcanzados en el seno de la UE y que la meta es que los países listados aceleren la reforma de sus leyes para cumplir con los estándares internacionales, mientras que la embajada y Alemania como país quieren tener relaciones económicas con Panamá.
La norma surge como efecto de la adopción de la lista de la UE de territorios no cooperadores en materia fiscal, ya que, además de listar a los países, se insta a los miembros del bloque europeo a tomar medidas individuales.
Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que Alemania, en su rol de líder, está tomando la iniciativa de ser el primero en tomar medidas concretas. Consultada por este diario, dijo que por el momento otros países no han adoptado medidas similares. Pero lo cierto es que Alemania puede no ser el único en hacerlo.
Panamá está en la lista europea por tener una calificación insuficiente en las evaluaciones del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE.
Por lo tanto, lo primero que se debe conseguir, como país, es mejorar la calificación ante el Foro Global.
El Gobierno ya envió la documentación sobre los últimos avances en esta materia y espera la respuesta del organismo para conocer si el país está en posición de solicitar una nueva evaluación.
Si esto sucede, Panamá podría cumplir con el requisito para pasar a la lista gris y no le aplicarían las medidas aprobadas por Alemania. No obstante, la representante del MEF dijo que no hay un tiempo preestablecido para recibir la respuesta del Foro Global y, por lo tanto, dijo que en este momento no estaría en posición de saber si la revisión se podría pedir este año o habría que esperar al próximo.
Sí dejó claro que hay “una relación 100% directa entre las medidas que está aplicando Alemania que desincentivan el comercio con Panamá y aprobar o no aprobar el proyecto de ley 624”, iniciativa que reforma varios aspectos del régimen de blanqueo de capitales e intercambio de información fiscal.
La propuesta fue presentada en abril de este año a la Asamblea Nacional, y posteriormente se creó una subcomisión en el seno de la Comisión de Economía y Finanzas para su análisis.
Entre otros objetivos, el proyecto pretende hacer más efectivo el acceso a los registros contables de entidades que no tienen operaciones en Panamá, una de las deficiencias que pesa en la calificación del Foro Global.
Kuzniecky dijo que Panamá debe entender la gravedad de la situación y que finalmente se trata de una decisión de país, porque “en la medida que no lo atendamos, empezamos a tener el peligro de quedar como un país aislado”.
