El proceso de transformación del sistema de pensiones, amparado en Panamá bajo el paraguas del diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS), hasta ahora no ha llegado a la etapa formal de presentación de propuestas que evidencien cambios estructurales y sostenibles para sacar al subsistema exclusivamente de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la crisis en la que se encuentra.
En el mes de febrero, se instaló la mesa plenaria del diálogo nacional por la CSS, y el plan es que en septiembre se hayan discutido las propuestas que luego se propondrán ante el Ejecutivo, que las enviará a la Asamblea Nacional, para así reformar la Ley 51 de 2005.
Pero la discusión de un tema tan complejo y técnico, si es que se quiere encarar un cambio duradero, puede tomar años. A Holanda, por ejemplo, le tomó una década.
En el caso panameño, la situación tiene severos agravantes. En tres años se acaban las reservas contables para hacerle frente al pago de las pensiones, lo que marca un sentido de urgencia para resolver la falta de fondos.
Pero esta urgencia no debe ser la excusa para tomar atajos y dejar de analizar los cambios que realmente hagan viable la supervivencia de un sistema público de pensiones a través del tiempo, dijo el actuario Dino Mon.
Otro elemento importante es que el mandatario Laurentino Cortizo precondicionó el diálogo, al descartar medidas paramétricas, como cambios en la edad de jubilación, cantidad de cuotas cotizadas o aumento de los aportes que hacen empresas y trabajadores.
En la mesa del diálogo se ha intentando explorar la posibilidad de proponer la consolidación del aún saludable sistema mixto de pensiones con el quebrado subsistema exclusivo de beneficio definido.
Al mismo tiempo, se ha recurrido a las consecuencias alertadas por la Junta Técnica Actuarial (JTA), que indicó que la unificación del sistema provocaría que el déficit se cuadruplique con los años, por lo que la cura momentánea sería más letal que la enfermedad. Con una movida como esta, el déficit máximo por año pasaría de unos $3,000 millones a $13,000 millones.
También se ha hablado, sin ninguna base científica o corridas financieras, en recurrir a aportes como el 10% del total de los ingresos brutos de las concesiones mineras, cuando esto no llegaría ni a $200 millones al año, es decir, que no cubriría ni un mes en el pago de pensiones.
Mon, miembro de la Asociación Centroamericana de Actuarios, advierte que en este momento lo más importante es que el país frene cualquier intención que pueda agravar el problema.
El departamento actuarial de la CSS había proyectado que este año el subsistema exclusivamente de beneficio de IVM tendría ingresos por $1,501.7 millones, y enfrentaría pagos a los jubilados por $2,042 millones. Esto, de acuerdo con los cálculos oficiales, generaría una diferencia entre los ingresos y egresos por $540.3 millones.
Sin embargo, dichas cifras no incluyen el efecto de la Covid-19 en la economía y la baja recaudación de la cuota obrero patronal, producto de los trabajadores desempleados, las empresas cerradas y los empleados en suspensión laboral.
Cuando se contabilizan estos factores, la proyección en ingresos del subsistema se situaría en $1,276.8 millones, mientras que el total de los egresos se cuantificó en $2,038.2 millones.
Esto daría como resultado un déficit estimado de $761.4 millones, que como ha ocurrido en los últimos años, será cubierto con los aportes anuales que hace el Estado y la utilización de las reservas, el último colchón que tiene el sistema público de pensiones.
De allí que los funcionarios de la CSS hayan reconocido en el diálogo que los fondos del fideicomiso son insuficientes a partir del 2024 y para 2025 ya no hay reservas contables.
Los ingresos por cuota obrero patronal son cada día más limitados, mientras crece el número de pensionados y sus pagos anuales.
En medio de la crisis y lo dilatado que puede resultar el proceso de análisis y toma de decisiones de propuestas, en este momento Mon considera que el Estado tendría que aportar entre $700 millones y $1,000 millones a los fondos de l IVM, “para que el próximo Gobierno no agarre el sistema totalmente quebrado”.
“Considerando el flujo de ingresos de la CSS, el Estado debe hacer estos aportes para extender la vida de las reservas para surcar el 2024”, enfatizó.
Y durante este periodo, agregó, “que la sociedad y los especialistas y técnicos, realmente hagan un análisis profundo del tema y se exploren las alternativas factibles”.
Mon cree que si el Gobierno no optimiza su gasto fiscal para hacerle frente a lo que sucede en la CSS, “esto no tendrá arreglo”.
“En todo este tiempo se tienen que tener conversaciones técnicas, hablar de las cosas que la gente no quiere oír, pero que ayudarán a incluir en la contabilidad macroeconómica el tema de la CSS más allá de un periodo presidencial. Si esto no se considera, no habrá país”.
