El mundo es lo suficientemente desigual y la pandemia de la Covid-19 amenaza con hacer las cosas aún más desiguales.
Los países más pobres han tenido que asumir deudas que tendrán dificultades para pagar. Sus sistemas de salud más frágiles y sobrepobladas ciudades los obligaron a realizar cierres más estrictos y económicamente más perjudiciales, y las tasas de pobreza han aumentado drásticamente.
Ahora, con justa razón temen que una recuperación escalonada tras la pandemia los perjudique aún más, dado el alto costo que parece tener la implementación de las vacunas.
No debería sorprender entonces que varios países en desarrollo, liderados por India y Sudáfrica, argumentaran la semana pasada en el consejo de derechos de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio que, mientras dure la pandemia, deberían suspenderse los pagos relacionados con los derechos de propiedad intelectual para las vacunas, terapias y equipamiento relacionados con la Covid-19.
Les preocupa que “los derechos de propiedad intelectual obstaculicen o puedan obstaculizar el suministro oportuno de productos médicos asequibles” a sus ciudadanos.
El consejo completo se reunirá para discutir el tema en diciembre. Cualquiera sea el resultado, la propuesta es una advertencia para el sistema actual de derechos de propiedad intelectual.
Distribución
EU espera repartir 6.4 millones de dosis de la vacuna en cuanto la Administración de Medicamentos dé la autorización y 40 millones antes de fin de año.
El problema no es solo lograr que los países pobres tengan acceso a las vacunas. Se trata de permitirles elegir la vacuna que mejor se adapte a sus poblaciones e infraestructura, y garantizar que reciban las dosis necesarias lo suficientemente rápido como para que no tengan que esperar hasta 2024 para reanudar la vida normal mientras Occidente y China avanzan.
En cierto sentido, la petición actual claramente es una exageración. No hay razón para que se suspendan todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con la pandemia. Pocos países en desarrollo estarán interesados, por ejemplo, en la vacuna producida por Moderna Inc., que requiere el tipo de instalaciones de almacenamiento con temperaturas ultrabajas que tendrían dificultades para construir.
La mayoría ya había apostado fuerte por la vacuna de AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford, que la compañía ha prometido vender al costo a muchos países en desarrollo.
Con la noticia este fin de semana de que la vacuna tiene, en promedio, una eficacia de 70% contra la prevención de la Covid-19, cualquier argumento de que se necesita una suspensión total de los derechos de propiedad para evitar que los impuestos de los países pobres vayan a las arcas de las grandes farmacéuticas comienza a sonar bastante débil.
Sin embargo, el hecho es que si esos flujos de capital se ven obligados a materializarse —si no es por las vacunas, entonces como regalías por tratamientos terapéuticos o pruebas de vanguardia—, los países en desarrollo pueden rebelarse, y lo harán. Necesitamos asegurarnos de que los países más pobres no lleguen a sus límites si queremos evitar un colapso en el reconocimiento global de los derechos de propiedad intelectual que frenaría la innovación en todo el mundo.
Esta es la primera prueba de importancia que ha enfrentado el sistema global de propiedad intelectual, y no será la última.