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Reapertura económica

Piden permiso de ventas ‘online’ en todos los sectores

Esta semana el Minsa autorizó que las ferreterías realicen ventas por internet o por telefóno, pero solo en un horario reducido de 4 horas diarias y con un máximo de 10 empleados por sucursal.

Piden permiso de ventas ‘online’ en todos los sectores
Para la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, las ventas por internet  permiten reactivar la economía sin el riesgo de aglomeraciones. Román Dibulet

La disminución del factor de propagación del coronavirus entre la población, da esperanza al sector privado de que en las próximas semanas inicie una reapertura gradual de los cientos de comercios que han permanecidos cerrados desde marzo pasado.

Para que esto ocurra, urge que se aprueben los protocolos que deben seguir las empresas para retomar sus operaciones. Pero mientras esto sucede, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá ve en el comercio electrónico una herramienta para reactivar la economía.

“Hay empresas que pueden vender por internet y hacer entregas a domicilio. Consideramos que es una alternativa que no representa un riesgo por aglomeración de personas”, dijo Jorge Juan de la Guardia, presidente saliente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

De la Guardia advirtió sobre las desventajas a las que se han visto sometidos los comercios y empresas locales, frente a firmas extranjeras, que no pagan impuestos en Panamá y que tampoco generan empleos pero que están vendiendo productos y servicios a través de internet, para el mercado nacional.

El clamor de los empresarios es poder realizar ventas online en todos los sectores y que se establezcan los protocolos de salud cuanto antes.

Ayer, la Cámara de Comercio realizó sus elecciones vía electrónica, resultando presidente del organismo Jean-Pierre Leignadier, quien aprovechó la oportunidad para revelar que pondrán en marcha un proyecto llamado “Adopta tu PYME”, que tiene como objetivo acompañar y darle la mano a los pequeños y medianos proveedores y clientes para que reinicien sus operaciones.

Los empresarios ven con optimismo que en los últimos días el número promedio de nuevas infecciones que ocurren a partir de un caso, lo cual se conoce como Rt, ha estado por debajo del 1 en gran parte del país.

De mantenerse la tendencia por las próximas dos semanas, las autoridades podrían adoptar nuevas medidas para levantar las restricciones al sector privado y permitir mayor movilización.

Esta semana, el Ministerio de Salud (Minsa) autorizó que ferreterías realicen ventas a domicilio, como parte de las acciones que viene tomando el Gobierno para reactivar la actividad económica.

Según lo establecido por el Minsa en el Resolución N° 399 del 5 de mayo, las ferreterías sólo podrán realizar ventas por teléfono o a través de plataformas digitales. La norma fija un máximo de 10 colaboradores por sucursal.

Aunque este paso es considerado como un avance, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Aldo Mangravita, señala que las ferreterías pueden operar con más amplitud, como lo vienen haciendo los supermercados y farmacias, que limitan el número de clientes y exigen el uso de mascarillas.

Mangravita pidió al Gobierno acciones concretas y criticó el establecimiento de nuevas mesas de trabajo. “Lo que necesitamos es que se permita la apertura de los comercios de forma gradual”, alentó.

El industrial también hizo un llamado para que se agilice el pago de proveedores y así evitar un colapso en la cadena logística y productiva.

“Si antes de la Covid-19 el Estado pagaba tarde, ahora es peor. Necesitamos que cancelen la deuda que tienen con el sector productivo del país, y más con los supermercados que están cambiando los bonos que entrega el Gobierno”, insistió. No precisó el monto de las cuentas adeudadas.

Voceros del Ministerio de Economía y Finanzas comentaron que las cuentas que llegan al Departamento de Tesorería de la institución son tramitadas en un plazo de una semana, y explicaron que el retraso que alegan los industriales puede estar relacionado a la falta de permisos y aprobaciones en otras entidades, como municipios y la Contraloría General de la República.


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