Panamá requiere una nueva legislación laboral que considere los cambios en la economía y en los modelos de trabajo que se han experimentado en los últimos años y que, además, se han acelerado por la crisis provocada por el nuevo coronavirus. Esta es una de las ideas que centró el análisis de varios panelistas que participaron por vía virtual ayer en la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2020.
Aunque ha tenido alguna modificación posterior, el Código del Trabajo panameño data de 1971. “Es una obviedad que esa legislación no está al día con el mundo que vivimos en la actualidad. En esa época no había cajeros automáticos, no había robótica, ni plataformas como Uber o Airbnb. Estamos viviendo una revolución del conocimiento, de la digitalización, con el desarrollo de inteligencia artificial y vehículos autónomos. Esto no es el futuro, ya se está dando”, comentó Rubén Castillo, abogado laboralista y expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
Varios panelistas cuestionaron al inmovilismo en la posición de algunos gremios sindicales, que han manifestado no querer modificar el Código del Trabajo, en medio de la presión que sufre el mercado laboral por la paralización de las actividades económicas.
Los analistas señalaron que la legislación laboral es rígida, con trabas para la contratación y con un despido costoso, condiciones que restan competitividad al país para atraer empresas.
Carmen Pagés-Serra, jefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, recordó que en el Índice de Competitividad Global del Foro Económica Mundial, el mercado laboral es uno de los factores en los que Panamá obtiene una puntuación más baja.
Según Castillo, se requiere una estructura legal flexible que permita que en cada empresa se pueda negociar, dependiendo de las distintas realidades, condiciones laborales. Un marco general simple que pueda ser adaptado a los cambios que vendrán en el futuro.
En Panamá se han creado ciertos polos de desarrollo a partir de leyes especiales, como Panamá Pacífico, la Ciudad del Saber o las sedes de empresas multinacionales. Estos modelos han sido existosos, pero también reflejan que el marco legal general no cumple su misión, ya que se tiene que crear una norma específica para atraer inversión, comentaron.
Para la abogada Irene Giménez, además de una legislación laboral nueva, se debe crear un marco institucional que acompañe, basado en un buen sistema de justicia, mínima burocracia y bajos impuestos. Así, se crean las condiciones para cualquier emprendedor, nacional o extranjero, esté dispuesto a invertir en Panamá y generar riqueza, planteó.