El Estado, a través de la Empresa de Generación Eléctrica (Egesa), tendrá hasta el 31 de diciembre de 2017 para aumentar del 23% al 49% su participación accionaria en la hidroeléctrica Chan II, obra que construirá en Bocas del Toro la empresa Odebrecht Energy Luxembourg.
En la licitación adjudicada a Odebrecht se estableció que el Estado tendría el 23% de las acciones, pero podría aumentar su capital accionario hasta un 49%.
Después de cuatro meses de negociación, el 23 de diciembre pasado se firmó el acuerdo en el que, además de fijar la participación accionaria, se estableció que el contratista no podrá solicitarle al Estado el aporte de fondos para financiar sobrecostos ocasionados por aumento en el precio de los materiales de construcción.
El Estado solo tendría que aportar fondos en el caso de un incremento en la mano de obra.
“Son buenas noticias para el país. Primero, porque el precio de la obra se mantendrá fijo. Y segundo, porque los derechos de veto conseguidos nos dan control sobre la ejecución del proyecto”, señaló Belisario Tejada, gerente general de Egesa.
En la licitación, en la que la subsidiaria de la constructora brasileña Norberto Odebrecht fue la única participante, la empresa ofreció un precio de mil 049 millones de dólares para construir la hidroeléctrica de 213 Megavatios (MW).
La construcción empezaría en el segundo semestre del año y debe entrar en operación durante 2019.
En 2013 Egesa contrató por 533 mil dólares a la firma estadounidense Louis Berger que realizará el análisis de factibilidad y el Estudio de Impacto Ambiental de la hidroeléctrica.
La nueva planta tendrá una represa para almacenar agua para 90 días, y es 70 metros más alta que el embalse construido en la hidroeléctrica Chan I, que también se instaló en las aguas del río Changuinola y que costó 419 millones de dólares.
La concesión original para construir Chan II estaba en manos de AES Panamá, pero en 2012 el gobierno de Ricardo Martinelli alegó que la compañía tendría una posición mayoritaria en el sector eléctrico y ordenó la cancelación del permiso.
Odebrecht Energy Luxembourg contará con 50 años para recuperar el dinero invertido en el proyecto. Cumplido este tiempo, el Estado decidirá si renueva la concesión o toma el control de la planta.
