El sector productivo nacional, que es el cuarto empleador a nivel nacional (unas 122 mil personas), atraviesa una sostenida desaceleración desde hace, al menos, siete trimestres consecutivos: su participación en el producto interno bruto (PIB) cayó a 5.5% en 2016, desde 6.1% en 2014. Esta realidad pretende ser transformada con una nueva propuesta legal para crear una política industrial en el país.
Desde el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) advierten que el desalentador panorama actual es fruto de años de desinterés por parte de las autoridades, falta de engranaje y coherencia entre las instituciones, la apertura comercial y las importaciones, y la ralentización económica y su impacto en la demanda interna.
A estos factores que menciona la directora ejecutiva del SIP, Melissa Miranda, se suman la lentitud en la tramitación para acceder a incentivos a la producción, como el Certificado de Fomento Industrial (CFI), y la falta de plataformas digitales que agilicen los procesos.
La industria manufacturera requiere de “condiciones que sean competitivas para nosotros poder igualar los productos que se importan. Condiciones que se creen para que podamos tener una estructura de costos lo más adecuada posible, y no solo competir en Panamá, sino con la región”, resume Miranda
El sector productivo panameño nunca ha contado con una ley per se, que enmarque una política industrial con una visión sostenible de largo plazo.
La Ley 76 de 2009 otorga beneficios a través del CFI; la Ley 28 de 1995, a través del Registro Oficial de la Industria Nacional, contiene medidas sobre la universalización de incentivos tributarios a la producción, pero no todas las empresas —sobre todo las micro y pequeñas— pueden acceder a ellos.
En las últimas tres décadas, desde la promulgación de la Ley 2 de 1986, que adoptó un régimen de incentivos para el fomento y desarrollo de la industria nacional y de las exportaciones, los industriales panameños han producido en base a beneficios o programas que ya caducaron, como Impulsa Panamá. Pero nunca se trató de una “política industrial” consensuada entre los sectores público y privado.
Hasta ahora. El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) espera tener listo el borrador de la ley de política industrial —cuya discusión se inició y detuvo en 2015— antes de abril, y aspira a que el proyecto sea discutido en el actual período legislativo de la Asamblea Nacional. “Necesitamos un sistema estructurado que nos agilice, que sea fuerte institucionalmente, y que haga que los trámites sean ágiles y expeditos”, resume Miranda.
Según la Dirección General de Industrias del MICI, con la ley se creará el Programa Nacional de Competitividad Industrial, con el que se encararían temas como la promoción de mercados, la inocuidad alimentaria y la formación de capital humano, entre otros. Asimismo, fortalecería al decadente sector agroindustrial, ese que en el interior del país lo componen unas 2 mil micro y pequeñas empresas.
Otro punto clave que abordaría este programa es que ayudaría a que las instituciones hablen un mismo idioma y sepan qué medidas adopta uno y otro, para no obstaculizarse entre ellas.
Un ejemplo de la falta de comunicación es que hay empresas panameñas que exportaban carne a Costa Rica, pero desde hace más de un año dejaron de hacerlo porque el Ministerio de Salud no contaba con el personal adecuado para certificar según los protocolos que pedía el país vecino: se abrió un mercado, pero ya no se aprovecha por temas internos.
La intención de la inclusión de este programa en la ley es que trascienda los gobiernos y pueda ser sostenible en el tiempo.
En este proyecto también se creará un registro de la industria nacional, aprobado por el Consejo Nacional de Política Industrial (Conapi), a fin de que las empresas se inscriban en él y, además de generar estadísticas para hacer un seguimiento al sector, puedan acceder a algunos de los incentivos y beneficios que contempla la ley.
Estos son: ampliar el alcance del CFI —que sirve de crédito fiscal— y agilizar su expedición de un promedio de un año que demora en expedirse a 90 días.
Actualmente, el CFI beneficia con la reintegración de un 35% de los desembolsos en inversiones que realicen las empresas o los negocios agroindustriales y de un 25% a las manufactureras: la intención es que sea 35% para ambas.
En materia tecnológica, la ley contempla la creación de una ventanilla única para el sector industrial. Se busca así generar una mayor fluidez interinstitucional.
Después de dos años, la discusión y elaboración de una ley de política industrial está casi lista. La próxima semana se definirán ciertos aspectos en materia fiscal con el Ministerio de Economía y Finanzas, antes de que el ministro de Comercio estampe su firma y envíe el documento a la Asamblea Nacional.