Las protestas masivas desde el 21 de noviembre ejercen presión sobre el gobierno del presidente Iván Duque. Sin embargo, a pocos días de las festividades navideñas, es probable que pierdan impulso.
El Gobierno, probablemente, capeará las manifestaciones sin tener que adoptar medidas drásticas, como la redacción de una nueva Constitución en Chile.
No obstante, hay muchos motivos de preocupación. La incertidumbre creada por semanas de disturbios podría afectar la demanda de los consumidores, que ha sido el motor de una economía que crece a un ritmo más rápido que sus principales pares de América Latina.
Además, cuanto más tiempo permanezcan los manifestantes en las calles, más probable es que el Gobierno tenga que gastar más dinero para apaciguarlos. Ya ha propuesto exenciones tributarias para la población pobre, como parte de un proyecto de ley de reforma tributaria, que está actualmente en el Congreso.
Lo que preocupa: promesas costosas. El panorama fiscal es sombrío. Cualquier medida que el Gobierno decida implementar para apaciguar a los manifestantes tendrá un impacto negativo en el presupuesto.
Las agencias de calificación crediticia están muy atentas. Es probable que Fitch Ratings reduzca la calificación el próximo año, aunque no se espera que el país pierda su calificación de grado de inversión.
En un mundo de rendimientos bajos y negativos, los inversionistas siguen interesados en los rendimientos de los bonos del gobierno colombiano, incluso si Fitch reduce la calificación.
Sin embargo, las corporaciones sufrirían, ya que sus calificaciones crediticias usualmente están un grado o dos por debajo del soberano y otra rebaja dejaría a muchas de ellas a nivel de basura, haciendo que las tasas de interés sean más caras. Como resultado, es posible que inversionistas extranjeros se retiren de las acciones colombianas.