La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional recomendará al pleno legislativo ampliar hasta diciembre el periodo de moratoria fijado en el proyecto de ley 287 que fue vetado por el presidente Laurentino Cortizo y que inicialmente establecía un periodo de gracia de 3 meses, que vencía en junio, para el pago de las obligaciones financieras.
Los diputados intentan avanzar con el proyecto 287 de moratoria, pese al veto emitido por el órgano Ejecutivo, que advirtió que la iniciativa pone en riesgo el sistema bancario panameño, porque en su artículo 2 deja entrever que todos los pagos de préstamos serán incluidos en una moratoria, cuando la esencia de la norma es aliviar la carga de las personas que perdieron sus puestos de trabajo o tienen sus contratos suspendidos debido a la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19).
Los diputados no dijeron si harían cambios a este artículo vetado por el Ejecutivo. A cambio, confirmaron que avanzarán en la elaboración de un informe que contendrá recomendaciones y que llevarán al pleno legislativo.
Condiciones crediticias
60% de la cartera hipotecaria ha sido modificada debido a la pandemia respiratoria.
961,606 préstamos han registrado cambios en sus términos originales.
39 bancos han reportado cambios en su cartera crediticia.
Cenobia Vargas, presidenta de la Comisión de Economía, comentó que entre estas recomendaciones dejarán abierto el tiempo que tendrán los deudores para cancelar los pagos que no lograron realizar durante la moratoria.
Esto implicaría una ampliación de lo que originalmente indicaba el artículo 4 del proyecto 287. En este se estipula que una vez vencido el término de la moratoria, los acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios para que el cliente pueda retomar y prorratear el pago de sus compromisos en un periodo de 24 meses, sin que ello conlleve el cobro de intereses, recargos por mora o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en su referencia de crédito.
Durante el debate en la Comisión de Economía, el diputado independiente Juan Diego Vásquez criticó al gobierno por no hacer ninguna recomendación de las acciones que debieran tomar los diputados para superar el veto del presidente Cortizo.
Vásquez también se mostró en contra del acuerdo que firmó el presidente Cortizo con la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) el pasado 4 de mayo, al considerar que este pacto no protege a los consumidores, ya que en su opinión deja a discreción de las entidades financieras el aprobar o no la extensión de la moratoria.
El gobierno de Cortizo logró un acuerdo con el sector bancario para extender la moratoria en el pago de préstamos hasta el 31 de diciembre de este año.
La medida aplica para hipotecas, préstamos personales, a la pequeña y mediana empresa, al sector agropecuario, comercial, al sector transporte, de autos y tarjetas de crédito.
Los clientes de los bancos deben demostrar que siguen estando afectados por la crisis, para ampliar la prórroga en el pago de sus mensualidades.
El hecho de que la aplicación de la moratoria no sea automática es lo que, según los diputados, hace necesaria la aprobación del proyecto 287.
Vásquez y el diputado panameñista Luis Ernesto Carles, cuestionaron al viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, sobre la diferencia entre fijar una moratoria al pago de los préstamos bancarios y postergar el pago de los servicios como energía eléctrica, internet y telefonía.
Al respecto, Almengor defendió el acuerdo firmado con la ABP y señaló que los bancos han modificado obligaciones financieras por un monto superior a los 26 mil millones de dólares.
Carles también criticó el alcance del acuerdo firmado con los bancos, ya que no aborda préstamos blandos para el sector empresarial que no tendrá los fondos para cubrir el gasto de planilla cuando se activen los bloques económicos.
Durante el debate, la diputada perredista, Zulay Rodríguez, proponente del proyecto 287, señaló que es importante lograr un acuerdo entre todas las partes, ya que un alto porcentaje de la población se ha visto afectada por la Covid-19, pero no desaprovechó la oportunidad para hacer fuertes señalamientos hacia el sector bancario.
El superintendente de Bancos, Amauri Castillo fue invitado a participar en la discusión del proyecto. A su juicio, hay regulaciones bancarias que pueden atender con mayor agilidad la situación actual, algo que no es posible frente a la rigidez que plantearía una ley, que no da flexibilidad para adecuarse a las circunstancias que viva la industria a través del tiempo.
Castillo reconoció diferencias respecto a los métodos que se plantean desde el Ejecutivo versus el criterio técnico, “pero esto es parte de un ejercicio democrático”.