Durante la última década se ha insistido sobre la inminente necesidad de encarar la débil situación financiera del subsistema de beneficio definido de pensiones del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El problema de fondo es que el sistema de beneficio definido está basado en que la generación nueva paga las pensiones de la anterior, pero los cambios demográficos han hecho insostenible este esquema.
Cada año hay una población de pensionados que vive mucho más tiempo, soportada por una nueva generación que no crece al mismo ritmo.
Erosión de las reservas
$48 millones de las reservas de la CSS se utilizaron para pagar pensiones en 2018.
$249 millones se tomaron de las reservas para pagar las jubilaciones en 2019, de acuerdo con informes preliminares de la CSS.
En esto se fundamentó la reforma al sistema de pensiones en 2005, durante el gobierno de Martín Torrijos, cuando se determinó dividir en dos ejes el IVM, dando vida a un ahorro personal al que tendrá acceso una porción de la población más joven cuando entre en edad de jubilación.
Este eje, conocido como el subsistema mixto del IVM, está compuesto por las personas afiliadas a la Caja de Seguro Social (CSS), que al 1 de enero de 2006 tenían 35 años de edad o menos y que optaron expresamente por participar en este programa. Además, de todos los nuevos trabajadores que ingresaron al sistema a partir del año 2008.
Segmentar a la población en dos sistemas de pensiones permitió cortar con el efecto contagio que arrastraba el IVM de beneficio definido. Se dijo que el ahorro personal garantizaba el pago de la jubilación a las futuras generaciones.
Sin embargo, el trasfondo no estaba resuelto. Todos los cotizantes que no forman parte del sistema mixto, continuaron con el mismo problema estructural. No hay forma de financiar la viabilidad de un programa que cada día tiene menos cotizantes y más pensionados, algo que se profundizó con la segmentación del sistema.
Por esta razón, siempre se supo que las reformas de 2005 eran un parche que tenía los días contados.
Basados en esta realidad, existe el compromiso legal de hacer estudios actuariales para definir qué se haría con el IVM, a fin de que los actuales y futuros pensionados, que forman parte del subsistema de beneficio definido, no dejen de cobrar sus cheques.
Pero en la última década el problema fue minimizado e ignorado. En la administración de Ricardo Martinelli y después en la de Juan Carlos Varela no se presentaron estados financieros auditados de forma oportuna y mucho menos se hicieron estudios actuariales.
El expresidente Varela llegó a decir que el sistema de pensiones tenía superávit al término de su mandato, y meses más tarde se conoció que había un déficit.
Es decir, que el aporte en la cuota obrero - patronal, que hacen los trabajadores todos los meses, y que financia el programa conocido como solidario, no era suficiente para pagarle a los más de 283 mil pensionados.
Ahora se sabe que desde 2018 se está tomando dinero de las reservas del IVM de beneficio definido para pagar las jubilaciones.
El problema es que esas reservas líquidas son limitadas. Por año, se pagan más de $1,600 millones a los pensionados. Y ahora, con el brote del coronavirus, la paralización de la economía y menores aportes en el pago de la cuota obrero - patronal, esas reservas se irán como agua entre las manos.
La CSS determinó que en el peor escenario se necesitaría tomar recursos de las reservas por el orden de $1,100 millones, y en el mejor de los escenarios se requerirá alrededor de $540 millones para cubrir las pensiones en su totalidad hasta finales del año 2020.
Esto daría como resultado que las reservas se agoten antes de que el presidente Laurentino Cortizo deje el poder.
El subdirector de la CSS, Francisco Bustamante, advirtió que no es viable pedirle tanto dinero al Estado para cubrir el pago de pensiones. Dijo que se suele decir “que pague el Estado”, cuando el Estado somos todos.
En la conversación repasa las opciones que a su juicio deben ser descartadas: no hay forma de aumentar los impuestos para utilizar ese dinero para el pago de pensiones; tampoco se le puede pedir a los trabajadores un aumento en la edad de jubilación o un aumento de la cuota obrero - patronal, en medio de la crisis por la que pasa el país.
Es así como la CSS ve como una posibilidad unificar los dos sistemas de pensiones y, si es necesario, utilizar los ahorros individuales de los cotizantes más jóvenes, mientras analizan y encaran reformas más profundas.
A juicio de Bustamante, esta es la salida menos costosa desde el punto de vista social: fundir nuevamente ambos programas en un esquema solidario.
Este subsistema se llama mixto porque, además de la cuenta de ahorro individual de cada cotizante, tiene un componente de solidaridad.
En sus reservas existe un pilar definido, es decir, que parte de la cuota obrero-patronal que pagan los cotizantes de ese programa va a un ramal en el que todos los miembros del sistema se benefician.
Este programa comenzó a ser operado desde 2008, y a diferencia de un fondo común tipo pirámide, los cotizantes tienen una cuenta individualizada de jubilación para garantizar que recibirán parte de lo que han aportado, algo que podría cambiar si la CSS avanza en sus estudios y previsiones.