Aunque la entrada en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene un efecto en la imagen exterior del país, la superintendente del Mercado de Valores, Marelissa Quintero, dijo que por el momento no ha habido mayor afectación en el mercado y planteó que “se reconoció que el sistema financiero cumple”, algo que también ha sido admitido, dijo, por el Fondo Monetario Internacional.
Dijo que hay otras áreas como el sector no financiero, las estructuras societarias, la Unidad de Análisis Financiero, donde hay temas pendientes que deben adecuarse para mantenerse “para siempre fuera de las listas”. Calificó la inclusión en la lista como injusto “porque se ha hecho mucho”.
Quintero dio estas declaraciones en el marco de la celebración de los 20 años de la creación a través del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 de la Comisión Nacional de Valores, entidad que antecedió a la Superintendencia del Mercado de Valores.
Quintero destacó “el regulador ha tenido una evolución constante, pasando de Comisión a Superintendencia. En 1999 la idea era crear una ley con una visión amplia y moderna, ya que el Decreto 247 de 1970 se había quedado obsoleto con la fundación de la Bolsa de Valores en 1990”.
Tampoco el mercado es el mismo. En 1999 las transacciones de la Bolsa de Valores de Panamá no llegaban a mil millones de dólares y actualmente superan los $7 mil millones. “Ha habido un crecimiento importante”, apuntó la reguladora.
Quintero destacó también la firma del Memorando de Entendimiento de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés), que permite el intercambio de información confidencial con otros reguladores; la automatización de la institución; la implementación de la calificación de riesgo para los emisores, la incorporación de principios de gobierno corporativo para casas de valores, organizaciones autorreguladas y administradores de inversiones, así como la integración de mercados, que ya comenzó con El Salvador y que aspira a sumar a otros países de la región.
Para los próximos años será clave actualizar el marco legal por la irrupción de las tecnologías de la información aplicadas al sector financiero (fintech), la aplicación del nuevo esquema de supervisión basado en riesgos y mantener la institucionalidad de la entidad, con personal técnico y capacitado que no sean cambiados por cuestiones políticas.