La recuperación de la economía y el control de los desmejorados indicadores de las finanzas públicas son dos factores clave que definirán el devenir de la calificación de riesgo de Panamá.
El pasado miércoles, la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings rebajó de BBB a BBB- la nota de riesgo soberano del país. Esto significa que si el rating cae un peldaño más, Panamá perdería el grado de inversión para esta agencia, categoría ganada en 2010 y que ha permitido al país captar inversiones y financiarse a buenas condiciones.
Según Fitch, la pandemia habrá provocado una contracción en el producto interno bruto (PIB) de Panamá de 17.7% en 2020.
La agencia señaló que esta sería la cuarta caída más pronunciada de todas las economías que analiza en el mundo, solo por delante de Macao, Maldivas y Líbano.
A pesar del desplome, en el escenario base de la agencia el impacto de la pandemia será transitorio y la economía repuntará, con un crecimiento proyectado de 9.2% en 2021 y de 7.3% en 2022. Estas estimaciones están sujetas a un control de la pandemia que evite mayores medidas de contención más allá del primer trimestre del año.
A pesar de la recuperación, que en parte se deberá al hecho de partir de una base muy baja en 2020, en los dos próximos años no se alcanzaría el nivel de PIB existente antes de la crisis.
Además de rebajar la calificación, la agencia dejó la perspectiva de la nota en negativa. Carlos Morales, director en el equipo de soberanos de Fitch Ratings, explicó que no necesariamente esto es la antesala a una rebaja, pero sí indica que el balance de riesgos es a la baja. Consultado sobre los elementos que analizan y que podrían llevar a una nueva rebaja, el especialista dijo que “en primer lugar, el debilitamiento aún mayor de las finanzas públicas, un crecimiento sostenido de la deuda pública y un deterioro de los ingresos del gobierno que limiten la capacidad de consolidar las cuentas públicas”.
El segundo factor sería observar que el impacto del nuevo coronavirus en el crecimiento a mediano y largo plazo sea mayor a lo esperado. “Si vemos que el crecimiento va a ser afectado de manera prolongada y que esto tenga sus consecuencias en un mayor debilitamiento de las cuentas públicas, esto podría ser un evento que pudiera materializarse en una rebaja de calificación”, sostuvo en conversación con este diario.
Gremios y economistas han destacado la importancia de procurar una mayor reactivación para revertir la crítica situación que vive la economía.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jean-Pierre Leignadier, señaló ayer que “cuando un aumento del endeudamiento no va acompañado de un aumento en la productividad para sostener su crecimiento, inmediatamente desmejora la calificación de riesgo, se dificulta y encarece el acceso a crédito tanto al país, como a las empresas y ciudadanos”.
El gremio reclamó en un comunicado políticas económicas que permitan recuperar la senda de desarrollo del país, activar gradualmente los contratos suspendidos y generar nuevos empleos para garantizar crecimiento.
El economista Felipe Argote defendió la implementación de un agresivo plan de infraestructuras, a la vez que se reduce el gasto operativo no productivo del Gobierno en asesores e influencers, dijo.
En ese sentido, el también economista Ernesto Bazán explicó que si no se hacen los ajustes necesarios en la calidad del gasto, si no se cortan esas fugas, el mayor endeudamiento en que está incurriendo el país no tendría efecto en la economía. Sería, haciendo una analogía, como echar combustible a un depósito que tiene un escape, apuntó.
Un repunte en la economía tendría un efecto colateral positivo para las finanzas públicas, ya que se elevarían los ingresos del Gobierno, disminuyendo los niveles de déficit fiscal y sosteniendo el endeudamiento como porcentaje del PIB, indicador que según Fitch habría llegado a un 68% en 2020 desde un 46.4% en 2019.
Ese cálculo, aclaró Morales, incluye unos mil millones de dólares de prefinanciamiento para el ejercicio 2021, así como programas de apoyo financiero como el firmado con el Fondo Monetario Internacional para eventuales necesidades de liquidez de los bancos. En cualquier caso, el analista señaló que con indicadores comparables, la relación deuda/PIB subió en Panamá más que en otros países de similar calificación.
Con mayor nivel relativo de deuda y una carga de intereses sobre los ingresos creciente, el espacio fiscal para responder a futuros choques es menor.
Y en ese escenario asoma la crisis de uno de los programas de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
La agencia señaló en su reporte que los riesgos relacionados con los pasivos de las pensiones se han convertido en un reto clave para las perspectivas fiscales del país a mediano plazo.
Un informe de la Junta Técnica Actuarial reveló que en 2025 se agotarían las reservas del subsistema de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que nutre las pensiones de los panameños. “Vemos con preocupación que, de no hacer nada, eso podría ser considerado como un desafío fiscal en el mediano plazo”, dijo Morales. Si el programa se queda sin reservas “habría mayor presión para que el Gobierno dé transferencias y poder pagar el déficit financiero de la CSS”. Aunque esto dependerá de la relación entre el Gobierno y la CSS, “esa presión por mayor transferencia aumenta mientras que no se mejore la situación financiera del programa”, dijo el analista, que señaló que en el escenario base que manejan esperan que se implemente una reforma que mejore la situación del subsistema de beneficio definido.
Fitch no es la única agencia de calificación que ha hecho referencia a la situación de la CSS, justo cuando está por iniciar el diálogo nacional que definirá el futuro del programa de pensiones.
Renzo Merino, vicepresidente y analista senior del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s Investors Service, dijo que ya en análisis anteriores se resaltaba que una de las condiciones que podría poner presión a la baja en la calificación era la materialización de los riesgos procedentes de la crisis del programa de pensiones. “Por la pandemia, los tiempos se han adelantado y hace que la reforma al sistema de pensiones sea hoy más urgente”, apuntó.