La recuperación de la confianza del sector privado es una de las piezas clave en la estrategia del Ejecutivo para relanzar el crecimiento económico y hacer de 2020 el año en el que revierta la tendencia de desaceleración que se viene registrando desde 2017 y que se habría profundizado en 2019.

El presidente Laurentino Cortizo dijo la semana pasada que se está trabajando para cancelar deudas arrastradas con distintos proveedores por un total de $1,780 millones, algunas de las cuales están pendientes desde 2010.

“Estamos tratando de ponerle una cuña [a la economía] para que comience a sentirse todo lo que se ha hecho”, dijo el mandatario.

El ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas, explicó que la acumulación de deudas del Gobierno generó “una crisis de confianza en el sector privado”, porque las empresas que hacían negocios con el Gobierno dudaban de si iban a recibir pagos y, por ende, o cobraban más caro o simplemente dejaron de competir.

Según el ministro consejero, también se rompió la confianza de la banca, que, por ejemplo, redujo su participación en programas como los intereses preferenciales.

Cumpliendo con el pago de deudas pendientes, el Gobierno espera inyectar liquidez a una economía que en la segunda mitad de 2019, los primeros seis meses de la administración Cortizo, ha profundizado la tendencia previa de desaceleración.

En los tres primeros trimestres de 2019 el crecimiento fue de 2.9% y solo en el tercer trimestre, de 2.7%.

Según las estimaciones más recientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 2019 cerrará con un ritmo de crecimiento real de 3.5%, convirtiéndose en el año de crecimiento más lento desde la crisis financiera de 2009.

El menor ritmo de la economía se ha traducido en un aumento del desempleo, que se ubica en un 7%, según los datos al mes de agosto.

Este año, la mayoría de las proyecciones apuntan a una ligera recuperación que llevará el crecimiento económico a niveles de alrededor de 4%.

Como señala Domingo Latorraca, exviceministro de Economía, “2020 será un año de estabilización del crecimiento económico. La mayoría de los analistas coinciden en que el crecimiento debería estar en el rango de 4%-4.5%”, lo que supondría un cambio de tendencia frente a la desaceleración de los últimos años.

Desde el punto de vista externo, Latorraca observa elementos como la radicalización del populismo, el proteccionismo y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que podrían incidir como factores negativos para el crecimiento, mientras que internamente destaca “el inicio de los grandes proyectos del Gobierno que impulsarán la recuperación económica”.

El Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, por su parte, tiene una proyección de crecimiento económico del 3.8%, ligeramente por encima a la esperada para 2019.

El crecimiento se explicaría “por el desarrollo de las obras públicas, principalmente por el inicio de los proyectos basados en la ley de las asociaciones público privadas, así como la contribución de la empresa Minera Panamá en las exportaciones y valor agregado y por las actividades terciarias como el Canal de Panamá, puertos y el aeropuerto de Tocumen”.

El Gobierno ha identificado más de una decena de proyectos que podrían ser ejecutados por la vía de las asociaciones público privadas, entre ellos el metrocable en San Miguelito, aunque aún se deben hacer los estudios de costo-beneficio para definir si este mecanismo es el más conveniente para los proyectos, según Rojas.

Obra pública

Dos grandes proyectos de infraestructura que están llamados a dinamizar la economía y a generar empleos son la tercera línea del Metro de Panamá y el cuarto puente sobre el Canal, pero actualmente hay mucha incertidumbre alrededor de los mismos.

En el caso del cuarto puente, el gobierno y el contratista mantienen una tensa relación. El Consorcio Panamá Cuarto Puente anunció una reestructuración que conlleva la reducción de personal luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) le solicitara cambios en el diseño del proyecto.

Además, el MOP ordenó la paralización de los trabajos que se verían afectados por las modificaciones entre el 16 de octubre y el 20 de diciembre.

Se trata del contrato de obra pública más importante que hay en ejecución actualmente, con una inversión de $1,518 millones.

El Gobierno ha solicitado al consorcio un nuevo diseño que supondría una rebaja en el monto del contrato, ya que el puente ya no debería tener capacidad para acoger el paso de la línea 3 del Metro de Panamá, sino que esta atravesaría el Canal de Panamá a través de un túnel.

En un cruce de acusaciones, el consorcio dijo que mantendrá el proceso de reestructuración, y por lo tanto, la reducción de personal, hasta que se tomen decisiones definitivas sobre el diseño del proyecto.

Mientras tanto, la licitación de la línea 3 del Metro, que conectará Albrook con Arraiján, está pendiente de resolverse.

El consorcio coreano HPH Joint Venture obtuvo la mejor puntuación en una primera evaluación, pero la Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó un nuevo análisis de dos propuestas luego de varias reclamaciones presentadas, lo que supondrá que el proceso para contratar a la empresa encargada de los trabajos se prolongará.

Además, si finalmente se concretan los planes del Gobierno, habría que introducir una modificación al proyecto original para contemplar un túnel y descartar el paso del metro sobre el cuarto puente.

Escaso espacio fiscal

El margen de maniobra por parte del Gobierno para efectuar un estímulo económico a través del gasto público está limitado.

En los últimos once años, el Gobierno ha incurrido en déficits fiscales y este año, además, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió nueva deuda pública para saldar compromisos arrastrados durante años y que no estaban contabilizados en los balances como deuda.

Esta situación ha elevado el saldo de la deuda pública por encima de los $30,000 millones y la relación deuda neta / producto interno bruto por encima del 40%, el umbral que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal recomienda no rebasar.

El Gobierno flexibilizó los límites de déficit para 2019 y los años siguientes en un intento de darse mayor espacio para el gasto respecto a los límites anteriores, pero todavía hay dificultades para ubicar en el presupuesto corriente los gastos para proyectos de inversión.

En esta coyuntura adquiere más relevancia la capacidad de inversión del sector privado, y por eso, Latorraca, que prefiere ver el “vaso medio lleno”, cataloga como un “elemento crítico la recuperación de la confianza del sector privado, lo cual se logra a través de buena comunicación entre nuestras autoridades y el sector privado”.

La delgada línea entre reducir el gasto y no afectar la economía

En los últimos meses, el MEF ha comunicado sobre las realidades financieras del país. En resumen, la deuda se ha vuelto un problema a tratar de forma inmediata y la tendencia de gastos públicos es insostenible.

La Ley de Responsabilidad Social Fiscal permitía un déficit de 2% del producto interno bruto (PIB), pero tuvo que ser modificada. El MEF calcula que el déficit cerrará este año en 3.5%, mientras que la deuda ya rebasó el límite del 40% del PIB.

Ante esta realidad, el MEF ha trazado un plan. La receta es controlar el gasto, en un plan de “austeridad” que intentará reducir el déficit al 2% del PIB para el año 2022. Esta parece ser la medida adecuada, sin embargo, va a ser dolorosa a corto plazo, ya que lo que “pide” nuestra economía es estímulo, pero no hay fondos para ello debido a que se gastó en tiempos de bonanza. Si realmente el MEF cumple con los planes de austeridad, es razonable esperar una economía poco dinámica en los próximos años. Esto, ya que la reducción en el gasto público se une a retos como la sobreoferta en el sector inmobiliario, la alta tasa de desempleo, un consumidor endeudado, etc. El MEF tiene su plan, ahora tendrá que ejecutarlo y caminar la línea delgada entre reducir el gasto y no paralizar la economía. No será fácil, pero el momento llego para detener este espiral de gasto público y endeudamiento. Entre lo positivo, encontramos que el Canal sigue generando valor, las tasas de interés se mantienen bajas y parece que esto debe continuar por el futuro visible, entre otros. Esto, combinado con un manejo prudente de las finanzas públicas, nos debe ayudar a salir airosos de esta coyuntura.