La Asamblea Nacional vuelve a convertirse en la tribuna en la que se proponen cambios normativos en el historial de crédito de los clientes bancarios.
Un anteproyecto que fue presentado esta semana por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Luis Cruz, de alguna manera copia lo que ya había planteado el año pasado Rony Araúz, del partido Cambio Democrático, quien propuso reducir de 7 a 3 años el periodo en que el historial de crédito del consumidor puede aparecer en la data de la APC.
En 2019, la propuesta de Araúz no prosperó en la Comisión de Comercio. Ahora, apalancado en la crisis económica que viven cientos de panameños y las limitaciones para pagar sus deudas, Cruz explicó esta semana ante la Asamblea Nacional, que su anteproyecto busca dar la oportunidad de tener historiales de créditos sanos a los clientes bancarios que cumplan con sus obligaciones o se sometan a arreglos de pago.
Se trata de un anteproyecto que, además de reducir el término de prescripción de las deudas de 7 a 3 años, promueve que, una vez cancelada la deuda, se establezca de manera inmediata un historial de crédito sano, aún cuando se haya tenido inconsistencias en el periodo de pagos.
También indica que si el cliente se somete a algún arreglo de pago, deberá constar en el registro y esa acción no debe ser considerada como mala referencia, como ocurre en la actualidad.
Giovanna Cardellicchio, gerente de APC Intelidat, único buró que administra las referencia de crédito en Panamá, indicó que lo que se propone -aunque podría tener una buena intención de fondo- generaría distorsiones, como el aumento de las tasas y la reducción en los plazos, mientras que, por otro lado, deja en evidencia el desconocimiento respecto al manejo de los historiales.
Actualmente, las referencias prescriben a los 7 años, haya o no pagado el cliente. Este periodo se aplica considerando las recomendaciones del Banco Mundial, entidad que aconseja que las referencias aparezcan en el sistema por un periodo de 3 a 7 años.
Panamá, indicó Cardellicchio, utiliza el periodo de 7 años porque es un país en el que las instituciones financieras conceden plazos de financiamiento largos (25-30 años para hipotecas, 6-8 años para automóviles, 7-10 años para préstamos personales), con tasas de interés entre las más bajas de Latinoamérica. Esto se debe, en gran parte, porque las entidades financieras pueden mitigar su riesgo con la información que obtienen en la APC.
Si no se tiene información, lo que pasará es que podría haber una alza en las tasas o una reducción de los plazos para pagar, con lo cual se afectaría a todos los clientes, incluyendo a los que pagan a tiempo, insistió.
Por otro lado, las referencias que se muestran en el historial de crédito de la APC corresponden a los últimos 24 meses. Mientras que las referencias canceladas se mantienen por 7 años.
No obstante, si una persona se atrasa en sus pagos y luego empieza a pagar normalmente, su historial se estará estabilizando en 24 meses.
Esto es algo que podría preocupar a las personas que hoy se han acogido a procesos de moratorias y que todavía no tienen la certeza de poder empezar a pagar sus compromisos en enero de 2021.
Pero según indica la APC, si los pagos futuros se llegaran a atrasar, y luego se ponen al día, estos incumplimientos no aparecen en el reporte luego de 24 meses.
Actualmente, el porcentaje de morosidad de todas las carteras y todas las industrias al cierre del mes de julio de 2020 es de 6.3%, según datos que recopila la APC.
Ello significa que el 93.7% de la población cumple con sus pagos de forma regular.
Esta entidad indicó en un comunicado que por tratar de beneficiar “teóricamente” al 6.3% de la población que incumple con sus obligaciones, se podría estar afectando a más del 90% que sí cumple con el pago de sus compromisos financieros a tiempo.