La Superintendencia de Bancos de Panamá trabaja en un proyecto de ley para modificar los procesos de intervención bancaria.
El regulador busca un modelo simplificado y más flexible que el existente, que consta de tres etapas: toma de control, reorganización y liquidación forzosa.
En la propuesta, que ya ha sido compartida con la Asociación Bancaria de Panamá, se pretende pasar a dos etapas: actuación preventiva y resolución de bancos.
En ambas etapas se introducen las medidas correctivas que puede utilizar la autoridad, dando mayores opciones que el marco actual.
Leves crecimientos
El centro bancario internacional alcanzó activos por $124,980 millones, un 2.9% más que el año anterior. La cartera local de crédito llegó a $55,212 millones, un 2.3% más, impulsada por la banca de personas. La utilidad de los bancos en el periodo fue de $1,850 millones, apenas 0.8% más que el año anterior. El resultado estuvo marcado por un mayor costo de los fondos y el aumento de provisiones, según el regulador.
Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, dijo que se podrá dar un tratamiento diferenciado para bancos sistémicos -aquéllos con riesgo de contagio para el resto de entidades-, la venta de activos y pasivos de forma parcial o en bloques, la creación de bancos puentes, entre otras medidas”.
Castillo explicó a este diario que el procedimiento de resolución de bancos no ha resultado lo más eficiente. “En estos casos, el tiempo es nuestro peor enemigo. Se tienen que cumplir una serie de hitos para llegar a liquidar los activos y poder devolver dinero a los depositantes”.
Castillo puso como ejemplo la intervención de Balboa Bank luego de ser incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) de Estados Unidos. “No había apetito de comprar porque era un banco listado, pero si tenemos la posibilidad de colocar los activos buenos en un banco puente, puede venir otra entidad prestigiosa y comprarlo, pero la gente no se atrevió a tener contacto”, entre otras cosas, por el rechazo de los bancos corresponsales.
Con unas medidas más flexibles, el regulador aspira a que procesos de este tipo resulten mejores resultados para depositantes y accionistas.
Se espera que el proyecto llegue a la Asamblea en el segundo trimestre del año.