Una tormenta amenaza las relaciones entre Estados Unidos y México, estratégicas para ambos, que atraviesan una zona de alta tensión por un proyecto de reforma del mercado eléctrico que impulsa el gobierno mexicano y que preocupa a Washington.
“Febrero a mayo son meses que van a ser críticos”, dijo a la prensa una fuente estadounidense en México.
Presentada en octubre, la iniciativa del Ejecutivo busca fortalecer a las empresas públicas nacionales (Petróleos Mexicanos, Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad, CFE) frente al sector privado.
Este meteoro viene en forma de una reforma constitucional que debe ser aprobada en abril. La propuesta legislativa quiere corregir la apertura de mercado iniciada en 2013, en tiempos del presidente “neoliberal” Enrique Peña Nieto (2012-2018), denunciada por su sucesor, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa reserva al menos 54% de la producción para la CFE, contra el 38% actual y el 62% que detenta el sector privado. “Las tarifas eléctricas podrán mantenerse por debajo de la inflación”, espera el gobierno, cuando los precios rondan picos de 20 años (7.36% en 2021).
También propone un monopolio estatal de producción de litio, aunque respetaría concesiones ya otorgadas. México produce este metal estratégico para fabricar microprocesadores, aunque muy por debajo de Chile o Australia.
La reforma “amenaza al menos 44 mil millones de dólares en inversión privada en el sector energético en México”, repiten pesos pesados demócratas en Washington. “Si se aprueba, el gobierno mexicano podría cancelar permisos de energía renovable y contratos”, se lee en una carta al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, firmada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez.
