El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifestó ayer a través de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) y de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional que el régimen fiscal panameño no es pernicioso para otras jurisdicciones del mundo.
La próxima semana, los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) actualizarán la lista de territorios no cooperadores en materia fiscal y, a falta de la formalización, Panamá seguiría figurando en ella.
Esto después de que el Gobierno no se haya comprometido a modificar lo que el bloque europeo considera un régimen pernicioso de exención de ingresos de origen extranjero.
El país estaba ya en esta lista negra por tener calificación de “parcialmente cumplidor” en la evaluación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales.
Dani Kuzniecky, secretario técnico del CNBC, dijo que al criterio de la evaluación sobre intercambio de información se ha sumado la consideración sobre el régimen fiscal para definir la lista.
El MEF explicó que desde junio de 2021 la UE comunicó a la República que consideraba pernicioso su régimen fiscal territorial tomando en consideración varios criterios, como el nivel bajo de imposición; el tratamiento distinto a las rentas según su origen; los requerimientos de “sustancia”, que tienen que ver con el nivel de presencia de un negocio en un determinado territorio, entre otros.
Tomando en cuenta estos criterios, a Panamá le penaliza su condición de régimen fiscal territorial, porque no grava las rentas generadas en el extranjero.
Jorge Luis Castillero, abogado de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, dijo que “el régimen fiscal territorial panameño solo contempla las rentas generadas de fuente panameña y su naturaleza no contempla las rentas provenientes de fuente extranjera, por lo cual, no consideramos que nuestro régimen fiscal territorial sea pernicioso. No existe una excepción a un tipo de renta en función del lugar donde proviene ya que naturalmente, en un régimen fiscal territorial, la renta de fuente extranjera no hace parte de la base imponible”.
El MEF señaló que desde hace años Panamá ha adoptado mecanismos para mitigar los riesgos que pudiesen surgir en las relaciones entre dos sistemas tributarios distintos.
Entre las medidas adoptadas están la implementación de estándares de intercambio de información fiscal automático y a requerimiento; la implementación de los estándares internacionales para la aplicación de las normas de precios de transferencia; el cumplimiento e implementación de los estándares mínimos del proyecto BEPS (siglas en inglés de erosión de base y traslado de beneficios), una iniciativa que busca combatir la asignación de ganancias a territorios de baja imposición fiscal; así como cambios sustanciales a los regímenes especiales, como se hizo, por ejemplo, con el de Sede de Empresas Multinacionales.
Estas medidas “demuestran la voluntad de Panamá en adecuarse a los estándares internacionales tributarios para evitar que el resultado de la interacción entre su sistema fiscal territorial con otros sistemas fiscales fuese la no imposición o la doble imposición”, dijo el MEF.
La UE habría solicitado el compromiso de las autoridades panameñas de hacer las modificaciones necesarias antes del 31 de diciembre de 2022 y que entrasen en implementación el 1 de enero de 2023.
El MEF aclaró que “la solicitud de compromiso solo mencionaba los elementos considerados para calificar nuestro régimen como pernicioso, sin embargo, no hubo un análisis amplio y detallado que permitiese entender exactamente cuáles son las deficiencias identificadas y, por consiguiente, impidió un debido análisis por parte del Gobierno”.
No ha habido, según los representantes del MEF, una petición expresa de cambiar el régimen fiscal territorial por uno de renta mundial.
Consultados directamente sobre los cambios específicos que habría que hacer, los representantes del MEF dijeron que no hay claridad en este momento y que se requeriría de un análisis en profundidad.
La entidad apuntó que no se accedió al compromiso con la UE “considerando que cualquier modificación al régimen fiscal territorial debe ser el resultado de un estudio exhaustivo que contemple el impacto que representaría para la nación”.
