La creación de registros de beneficiarios finales es un factor importante para que se pueda saber quiénes son las personas que realmente controlan las sociedades y otras estructuras jurídicas, información que puede ser clave en las investigaciones de blanqueo de capitales y de sus delitos precedentes, entre los que están la evasión fiscal o la corrupción, entre otros.
Así lo consideran representantes de Transparencia Internacional, que participaron ayer en un foro virtual sobre “La importancia del intercambio de información tributaria y el registro de beneficiarios finales en la lucha contra el blanqueo de capitales”.
Actualmente, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) no incluye entre sus recomendaciones la creación de registros de beneficiarios finales, pero sí pide a los países que tengan acceso a la información, y que esta sea precisa y esté actualizada.
Maira Martini, experta en Investigación y Políticas de Transparencia Internacional, señaló que los resultados de las evaluaciones del GAFI revelan que los niveles de cumplimiento técnico y de efectividad son deficientes. Es decir, las autoridades no están llegando a conocer de manera precisa y oportuna quiénes son los beneficiarios finales.
Esto sucede porque la mayor parte de los países que tienen mecanismos de información del beneficiario final debe ser requerida por parte de la autoridad a una entidad financiera o a un proveedor de servicios, y en ocasiones a un tercero, y en esa cadena la transmisión de la información se ralentiza.
La experta dijo que los países que habían logrado mayor nivel de efectividad tenían en común la creación de registros de beneficiarios finales, que permiten el acceso a la información de una manera más directa.
En referencia a Panamá, Carlos Barsallo, presidente del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, expuso que, en la práctica, cuando se solicita al agente residente de una sociedad la identidad del beneficiario final, este tiene que ir a otra persona a pedírsela y que esta se la puede dar o no. “Eso toma tiempo y puede que nunca se la dé [la información]. Por eso es que salimos mal en las evaluaciones, porque no podemos responder”. En algunos casos, lo que termina sucediendo es que el agente residente renuncia a la sociedad. “Eso demuestra que el sistema actual no es muy bueno y es mejor tenerlo más uniformado en un registro”, comentó el abogado.
En el foro participó también el director del Centro de Políticas Fiscales y Administrativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Pascal Saint-Amans, quien dijo que Panamá se ha movido recientemente, y que espera que se trate de movimientos decisivos en cuanto al intercambio de información automático y, de manera más crucial y crítica, en mejorar la información sobre los beneficiarios finales, tanto la disponibilidad como la accesibilidad. Junto a esto, Saint-Amans se refirió también al tema de los registros contables, con los que no ha habido buenos resultados.
Precisamente, uno de los objetivos de la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021, es mejorar la efectividad de Panamá en el acceso e intercambio de los registros contables de las sociedades offshore.
Esa norma introduce además adecuaciones a la ley que en 2020 aprobó la creación de un registro de beneficiarios finales en Panamá. A pesar del tiempo transcurrido, el registro no es aún una realidad.
Martini se refirió en su presentación al creciente respaldo de la comunidad internacional hacia la creación de registros de beneficiarios, en referencia a pronunciamientos recientes de grupo de países como el G-20, al movimiento de GAFI, que podría en sus próximas reuniones modificar la recomendación 24 para que los registros de beneficiarios sean considerados un estándar, y a los movimientos de países como Estados Unidos, Canadá, y más recientemente Chile, que han anunciado o adoptado la creación de este tipo de instrumentos.
Uno de los objetivos de Panamá con la Ley 254 es mejorar su deteriorada posición en distintas listas que identifican a países con deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y el intercambio de información fiscal. El país, que está desde 2019 en la lista gris del GAFI, ya conoce la advertencia del organismo de que podría pasar a la lista negra si no registra mayores avances en el plan de acción pactado para abordar las deficiencias en materia de prevención.
