La eventual adopción de una legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos sería un elemento favorable en las aspiraciones del país de salir de distintas listas en la que se encuentra por las debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Así lo manifestaron ayer autoridades panameñas y de la Unión Europea (UE) en el marco del encuentro anual del Programa de Asistencia Contra el Crimen Transaccional Organizado (El PAcCTO), que se celebra esta semana en Panamá.
El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, dijo que si bien la ley de extinción de dominio no está dentro del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), “esta herramienta haría una gran diferencia en el compromiso del país respecto a cómo enfrentar la criminalidad organizada y los caudales que esta tiene producto de su quehacer delictivo”.
El Ministerio de Seguridad presentó el pasado mes de abril a la Asamblea un proyecto de ley para regular la materia, pero a la fecha no ha tenido mayor avance en el debate parlamentario.
La iniciativa es una herramienta para confiscar bienes adquiridos por delincuentes. “Esos bienes, esas propiedades o esos fondos revertirían a la sociedad”, dijo el viceministro de Seguridad, Ivor Pittí, también presente en el encuentro.
Por su parte, el embajador de la UE en Panamá, Chris Hoornaert, convino en que una iniciativa de este tipo sería favorable en la estrategia del país para salir de las listas.
No obstante, para conseguir este objetivo, “el desafío es demostrar que el sistema está funcionando” y asegurar que no haya problemas en el futuro, sostuvo el diplomático.
Consultado sobre los elementos que se valorarán para considerar que el sistema funciona, el embajador se refirió, por ejemplo, a demostrar que haya respuestas a las solicitudes de intercambio de información, así como la coordinación entre autoridades, citando en este caso que el aumento de reportes de operaciones sospechosas que está manejando la Unidad de Análisis Financiero sigan los procesos en las instancias correspondientes y se conviertan eventualmente en más casos de corrupción y lavado de dinero. Si los procesos no concluyen, sería un síntoma de que el sistema no está funcionado.
