La relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) cayó cerca de cinco puntos porcentuales y pasó de un 68.5% a un 63.7% entre 2020 y 2021, según figura en la base de datos de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
El saldo de la deuda cerró en el 2021 en $40,487.8 millones, desde los $36,959.9 millones de 2020, un crecimiento de 9.5%. La deuda aumentó porque los ingresos del Gobierno no fueron suficientes para cubrir los gastos y la diferencia se tuvo que compensar a través de préstamos y emisiones de bonos.
Por su parte, el PIB nominal pasó de $53,977 millones en 2020 a $63,605 millones en 2021, un aumento de 17.8%. Por lo tanto, al haber crecido el PIB a un ritmo superior al saldo de la deuda, la relación entre ambos refleja una disminución.
La relación deuda-PIB es un indicador que se utiliza internacionalmente para calibrar el nivel de endeudamiento de los países y es seguido de cerca por las agencias de calificación de riesgo. Cuanto más baja sea, se entiende que más asequible es el pago de la deuda para un país.
En Panamá, en 2020 se disparó la relación deuda-PIB, ya que el tamaño de la economía se contrajo sustancialmente por la menor actividad producto de las restricciones impuestas durante los primeros meses de pandemia, impactando en los ingresos del Gobierno, que tuvo que recurrir a la mayor contratación de deuda porque el gasto siguió aumentando, principalmente por el uso de fondos para atender la crisis y para el gasto operativo del Estado.
Antes de la pandemia, es decir, al cierre de 2019, la relación entre la deuda y el tamaño de la economía era de 46.3%. Por lo tanto, el resultado de la pandemia y de su gestión, tras dos años, es un aumento de más de 17 puntos porcentuales en este indicador. También queda lejos, más aún si cabe, el 40% que marca como meta la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
El Gobierno tiene la intención de reducir paulatinamente el déficit fiscal y contener así la deuda. Este año el límite previsto en la ley es de 4%, margen que se va estrechando hasta un 1.5% a partir de 2025. El economista Ernesto Bazán dijo que es factible cumplir con el 4% este año, pero señala que para cumplir a mediano plazo será necesaria una disciplina fiscal que por el momento no se ha visto.
El analista dijo que existe además una “deuda escondida”, en referencia a los contratos llave en mano, cuyo financiamiento es aportado por el contratista para ser posteriormente cancelado por el Gobierno, y por el déficit actuarial del programa de pensiones de la Caja de Seguro Social, sumido en una crisis de sostenibilidad.
