Ocho miembros de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) renunciaron abruptamente en una disputa sobre la decisión del gigante colombiano de servicios públicos de iniciar un proceso legal para recuperar $2,600 millones en daños por la construcción de una represa hidroeléctrica con problemas.
Los bonos en dólares con vencimiento en 2031 de la empresa cayeron ayer 2 centavos por dólar, según datos de Trace. EPM, como se conoce a la empresa, dijo que los miembros de la junta renunciaron, en parte, porque no fueron consultados sobre la decisión de proseguir con el proceso de conciliación, según un documento regulatorio.
La eléctrica, propiedad de la ciudad de Medellín, dijo el martes que decidió tratar de recuperar los perjuicios causados por diseñadores y constructores de la represa Hidroituango, que resultó dañada durante un deslizamiento de tierra en 2018.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, defendió la decisión de iniciar el proceso e indicó que es el más grande en la historia de Colombia. “Es sin duda un proceso que levanta muchas ampollas y que no deja a todo el mundo tranquilo ni conforme, pero hay que hacerlo porque es la plata pública”, dijo Quintero a Blu Radio. “Había que actuar, era lo responsable con los recursos públicos y es lo que se está haciendo”.
Estaba planeado que la represa Hidroituango, uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país y ubicada a unos 160 kilómetros de Medellín, costara alrededor de $4,000 millones y se esperaba que generara 2,400 megavatios de electricidad cuando se completara. Pero en 2018 fue asolada por un deslizamiento de tierra.