La terminal del oleoducto de Petroterminal de Panamá (PTP), en Barú, provincia de Chiriquí, opera con restricciones debido a que sólo funciona un muelle, mientras se repara el segundo que está inactivo desde abril de 2020 cuando fue golpeado por el barco New Assurance durante una operación de atraque.
El proyecto de reparación, que tiene un costo de $40 millones, ha quedado inmerso en un conflicto legal entre PTP y el Municipio de Barú por el pago de los impuestos para obtener el permiso de construcción.
“Nos pone un poco de restricción porque en este momento no podemos atender dos buques simultáneamente”, explica Eduardo Hevia, gerente general de PTP, tras ser consultado por este diario sobre la operación marítima y de despacho de petróleo.
Por su lado, el Municipio de Barú exige el pago de $1.2 millones en impuestos que corresponde al 3% de la inversión, pero PTP interpreta que no debe pagar esta suma porque se trata de una inversión que ya está cubierta por un contrato bilateral firmado entre la empresa y el Municipio.
Estos contratos de mutuo acuerdo existen desde 1980 y fueron renovados en 2018 con vigencia de 10 años, refrendados por la Contraloría General de la República.
Según PTP, se pagan $328 mil anuales al Municipio de Barú, de los cuales $203 mil son por concepto de impuesto por permiso de construcción, ampliaciones, desarrollos, actividades y servicios que la empresa lleve a cabo. En los 10 años de vigencia de este contrato o hasta 2028, el Municipio de Barú recibiría un total de $3.2 millones.
A través de un comunicado, la empresa indicó que solicitó el correspondiente permiso de construcción al ingeniero municipal de Barú, quien lo emitió el 19 de octubre de 2020, pero luego requirió el pago de $1.2 millones, “ignorando el contrato existente”.
Al cierre de esta edición no se pudo tener comunicación con el Municipio de Barú para conocer su versión.
PTP, en tanto, dijo que “si el Consejo Municipal considera necesario modificar las condiciones del contrato vigente, debe someter a la consideración de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia su anulación”.
PTP es una empresa mixta con una concesión por 20 años a partir de 2017.
Desde su creación, PTP ha mantenido relación con los municipios de Barú, en el Pacífico, y Chiriquí Grande, en el Atlántico, donde están los tanques de almacenamiento del petróleo que es trasegado por el oleoducto.
Hay 14 tanques de almacenamiento en el lado Pacífico y 13 tanques del lado Atlántico. El petróleo , que viaja en esa vía, es bombeado por empresas norteamericanas, de Colombia y otros países.
