“Para mejorar la credibilidad de la política se necesita una trayectoria de disciplina fiscal en el Gobierno Central”. Esta frase figura en el informe más reciente de la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings sobre Panamá.
En 2017, según cifras preliminares, el déficit fiscal fue equivalente al 1.7% del producto interno bruto, mientras que el límite que tiene el Gobierno para 2018 es de 1.5%, tomando en cuenta el 0.5% establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y el margen adicional de endeudamiento que permite la ley si los aportes del Canal de Panamá no llegan al 3.5% del PIB, algo que no se cree que suceda.
Al contrario, la agencia proyecta que los aportes del Canal irán cayendo gradualmente como proporción del tamaño de la economía, permitiendo mayores déficits según el diseño vigente de la ley.
En cualquier caso, la agencia espera que el Gobierno mantendrá un nivel de déficit estable en los próximos años.
Una mayor consolidación fiscal que llevase la relación entre la deuda y el PIB a una trayectoria descendente y una mayor credibilidad de la política fiscal serían algunos de los factores que contribuirían a una mejora en la calificación crediticia de Panamá.
Por el contrario, el deterioro fiscal o el debilitamiento de las dinámicas de deuda pública o un menoscabo en las proyecciones de crecimiento a medio plazo podrían llevar a una acción negativa en la calificación.
El pasado viernes, Fitch afirmó la nota de riesgo soberana en BBB con perspectiva estable.
La calificación está sustentada en una “desempeño macroeconómico fuerte y estable continuado” que ha llevado a un crecimiento sostenido del ingreso per cápita. Este factor favorable es contrarrestado por el hecho de que el mayor cumplimiento de los límites de déficit previstos en la ley ha sido insuficiente para para reducir el ratio de la deuda.
La agencia prevé que proyectos de infraestructura en marcha o que se empezarán a ejecutar pronto continuarán apuntalando un crecimiento económico entre el 5% y el 6% a mediano plazo.