Uno de los objetivos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) con las nuevas medidas regulatorias que entrarán en vigor el próximo 1 de julio y que fueron anunciadas por el presidente Laurentino Cortizo el pasado lunes es depurar la cartera de préstamos modificados.
Esta es la cartera de préstamos que han recibido algún tipo de alivio o moratoria desde que inició la pandemia, y que sigue generando incertidumbre en el sector bancario.
En los últimos meses el número y el saldo de la cartera ha caído sustancialmente. De más de 1 millón de préstamos modificados con un saldo de $28,105.8 millones en agosto del año pasado, la cifra bajó a 493,847 préstamos modificados con un saldo de $16,179.5 millones el pasado 18 de junio.
No obstante, tanto el regulador como la industria consideran que la cartera modificada todavía es importante.
Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, explicó ayer a este diario que en esa bolsa de préstamos hay deudores que quieren pagar pero no pueden, pero también quien puede pagar pero no quiere.
A partir de julio se establecerán unas nuevas clasificaciones dentro de la cartera modificada, que básicamente varían dependiendo si el cliente y el banco ya han alcanzado algún tipo de acuerdo para reestructurar los préstamos y del nivel de cumplimiento de los deudores.
Con esta nueva segmentación el regulador espera tener más claro en la segunda mitad del año qué parte de la cartera modificada es viable financieramente y qué parte será difícilmente recuperable, para entonces tomar medidas respecto a esa cartera que sea inviable. Esas medidas podrían traducirse, eventualmente, en exigencias de nuevas provisiones para los bancos.
“Para nosotros, a partir del 1 de julio inicia una etapa que hemos llamado de regularización de créditos de deudores con restricción temporal de liquidez ocasionada por la pandemia”, comentó Castillo.
Con las nuevas regulaciones bancarias, que tienen el horizonte en el 30 de septiembre, la Superintendencia pone el énfasis en la reestructuración de los créditos de acuerdo a la nueva realidad de ingresos de los clientes bancarios.
Seguirá habiendo ciertos beneficios o alivios que podrá recibir el deudor, pero también deberá tener un rol activo, que implica acercarse al banco, documentar su situación económica, formalizar la reestructuración y cumplir lo pactado.
Castillo insistió en que las nuevas medidas no se deben entender de ninguna manera como la extensión de una moratoria que ya había expirado en 31 de diciembre de 2020. Según el regulador, aún había clientes que en el primer semestre del año no se han acercado a sus bancos o no han querido renegociar las condiciones porque estaban en el entendimiento erróneo de que la moratoria seguía vigente.
“Al deudor le toca hacer su parte”, sostuvo el regulador.
Según la nueva regulación, los clientes podrán recibir alivios adicionales en forma de periodos de gracia de hasta seis meses para los préstamos de consumo y de hasta un año para los empresariales, pero estos no podrán ser dados automáticamente por los bancos, sino que deberá mediar un acuerdo.
Consultado sobre la eventual ejecución de garantías, Castillo señaló que “contactar al banco, documentar, formalizar y cumplir te da pasaporte para que con toda tranquilidad, el banco no va a proceder a ejecutar ningún tipo de garantía”, sostuvo.
