El Gobierno ya cuenta con el mecanismo legal que le permite hacer uso inmediato de $50 millones para la compra de bienes y contrataciones directas de servicios, para afrontar el brote de coronavirus.
Ayer, el presidente Laurentino Cortizo y los ministros declararon el estado de emergencia nacional, a través de la resolución de Gabinete Nº11 del 13 de marzo de 2020.
En el documento quedó plasmado el hecho de que el país se encuentra ante una situación que puede generar alteraciones e interrupciones de las condiciones normales en el funcionamiento del Estado.
Por ello, y bajo el paraguas de emergencia nacional, se harán contrataciones utilizando como marco legal el artículo 79 de la ley de Contrataciones Públicas, que dispone el procedimiento especial para la hacer las compras estatales.
Este artículo establece, por ejemplo, que el gobierno podrá comprar agua y alimentos de consumo inmediato sin la necesidad de exigir una fianza, pero el contratista tendrá la obligación de garantizar a la entidad contratante su obligación de responder por los vicios de los bienes adquiridos.
Además de los $50 millones, Cortizo ha prometido la compra de carnes y granos a productores nacionales por $20 millones.
Con esto se pretende garantizar la disponibilidad de alimentos en momentos en que se dispara la demanda de productos ante la incertidumbre de lo que ocurrirá a futuro en las cadenas de suministro. Serían, entonces, $70 millones a disposición del Ejecutivo para contener los efectos del brote del coronavirus, que ayer sumó 36 contagiados en Panamá.
Con la declaratoria de emergencia, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, también está facultado para solicitar la dispensa ante la Asamblea Nacional, para la suspensión temporal de los límites financieros contemplados en las leyes 34 de 2008 y 102 de 2019, sobre responsablidad social fiscal.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal permite suspender estos límites, facilitando una inyección de dinero público para dinamizar la economía.
Según la ley vigente, el límite para este año es de 2.75% del producto interno bruto (PIB), nivel que ya puede ser elevado.
Además, ante una declaración de emergencia se permiten retiros del Fondo de Ahorro de Panamá, siempre que el costo asociado sea igual o superior al 0.5% del PIB, lo que supone unos $334 millones.
El ministro Alexander dijo que todavía no se ha determinado cuánto se retiraría del FAP.
Tampoco se tiene un diagnóstico sobre el impacto en el crecimiento económico del país, considerando que toda la actividad comercial se ha ralentizado a raíz del Covid-19.
Economía de servicios
Según un reporte del Bank of America Research, podría decirse que Panamá es el país de la región centroamericana y caribeña que podría sufrir las mayores consecuencias negativas de los efectos secundarios del coronavirus,
La entidad emitió un informe el pasado 11 de marzo en el que hizo una revisión a la baja del crecimiento económico de Panamá. Disminuyó del 3% al 2.5% la proyección para 2020, y de 4% a 3.8% para el año 2021.
Panamá es un país de servicio, y las alteraciones en las cadenas de suministro y los patrones de consumo se verían reflejados en el comportamiento de la economía.
Es la economía más abierta de la región, con intercambio comercial por encima del 80% del producto interno bruto.
Alrededor del 5% del comercio mundial pasa por el Canal; el país también alberga la segunda zona de libre comercio más grande de América: la Zona Libre de Colón.
A juicio de los analistas de Bank of America, la economía panameña puede servir como un barómetro para medir el pulso del comercio mundial, impulsores de la desaceleración e interrupción de las cadenas de suministro mundiales.
La entidad espera que la actividad económica se recupere en 2021, pero también cree que la interrupción de las cadenas de suministro mundiales es el mayor riesgo para Panamá.
El Canal representa el 46% del comercio intercambio entre el este de Asia y la costa este de Estados Unidos, y es relevante en el comercio entre países sudamericanos a lo largo del Pacífico (Chile, Perú, Ecuador y Colombia) y Europa.
“En nuestra opinión, es probable que los flujos comerciales se debiliten en medio de la desaceleración mundial”, acentúo el reporte respecto al impacto adverso del coronavirus.
Empresas y empleados podrán modificar jornadas de trabajo
En materia laboral, el Consejo de Gabinete firmó un decreto que temporalmente reglamentará el artículo 159 del Código de Trabajo, que permite modificar los horarios de trabajo.
Este artículo establece que en los casos en que por razones de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, se ponga en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se podrá, de manera temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de trabajo.