Veinte organizaciones ligadas al sector agropecuario –en su mayoría de la provincia de Chiriquí– enviaron una carta al presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la que proponen una serie de medidas que le garanticen al agro la supervivencia en medio de la crisis sanitaria del Covid-19.
Entre las propuestas está el establecimiento temporal de cordones sanitarios en las zonas productivas de alimentos y la solicitud de que se agilicen los pagos a los productores.
“El sector agropecuario está sometido a grandes amenazas, entre las cuales tenemos ahora una de carácter coyuntural, que es el Covid-19; y otra de carácter estructural, desde hace mucho tiempo, que es el injusto sistema de pago a los productores. Ambas, con potencial de hacer desaparecer la actividad agropecuaria”, detalla la carta enviada a Cortizo.
Según la propuesta, los cordones sanitarios deberán ser aplicados y gestionados con las organizaciones del sector privado agropecuario y agroindustrial, cooperativas, asociaciones y las autoridades regionales de Salud, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de la Policía Nacional.
Con esta medida se pretende prevenir el contagio del Covid-19 entre trabajadores, jornaleros, operarios, obreros, conductores, maquinistas y productores.
De lo contrario, se podrían afectar miles de familias productoras y reducir la capacidad de siembra y cosecha en las zonas agrícolas. Incluso, esto podría trastocar el inicio del año agrícola 2020-2021, que empieza en mayo, y obligar al país a recurrir a “costosas e innecesarias importaciones de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de la población”.
El 80% de las hortalizas que se consumen en el país provienen de la provincia de Chiriquí, el resto de Azuero, Coclé y Veraguas.
También recomiendan que las medidas estén acompañadas de un plan de acción y un sistema de seguimiento que permita su actualización permanente y la comunicación expedita entre todos los actores.
Para las organizaciones, es importante revisar, implementar y reglamentar la Ley 36, del 11 de agosto de 1999, que norma el “pronto pago” por la venta de productos agropecuarios. Esta ley establece que en un plazo no mayor de 30 días el productor deberá recibir el dinero de sus ventas.
En el caso de que no se cumpla con el pago en el tiempo establecido, las organizaciones piden que se aplique, sobre el interés mensual por mora, un recargo del 2%.
La propuesta enviada al presidente Cortizo está firmada por Felipe Rodríguez, presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental, (Cecomro); Fulvia De Vargas, presidenta del Centro de Competitividad de la Región Central de Panamá, y Maira Luque De Pang, presidente del Centro de Competitividad de Colón y la Región Oriental.
También firman la misiva la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá; la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Chiriquí; la Fundación Pro-Chiriquí; la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y la Asociación de Productores de Ganado Lechero (Aprogalpa), entre otros.