Las cuentas públicas siguen arrojando números negativos. Completado el tercer trimestre del año y pese al incremento en los ingresos, el balance fiscal fue deficitario.
Entre enero y septiembre de 2021, los ingresos totales del sector público no financiero sumaron $7,654.6 millones, cifra que representa un aumento de $1,451.5 millones o 23.4% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su página web.
El aumento de los ingresos está vinculado al mayor nivel de actividad económica de este año, a medida que la campaña de vacunación propició el levantamiento de las restricciones.
Solamente el gobierno central obtuvo ingresos totales por $4,582.4 millones, un 21.3% más que en el mismo periodo del año anterior. El resultado se explica principalmente por el desempeño de los ingresos tributarios, que generaron $3,312.2 millones o 15.9% más. De igual forma, los ingresos no tributarios, entre los que se encuentran los aportes de entidades y empresas estatales, también mejoraron, para totalizar $1,261.8 millones o 38.6% más que en el periodo anterior.
Los ingresos de la Caja de Seguro Social sumaron $2,552.1 millones, un 10.5% más que en el periodo anterior, “debido a la recuperación del sector privado en la recaudación de cuotas regulares y especiales, asociada a la reactivación paulatina en los contratos de trabajos”, señaló el MEF en su reporte.
Pese a la mejoría en los ingresos, el balance al cierre de septiembre arroja un déficit de $4,028.7 millones, monto equivalente a un 6.91% del producto interno bruto (PIB) proyectado por el MEF para el conjunto del año.
La desviación se debe al mayor peso de los gastos, que totalizaron $11,683.3 millones, un 16.2% o $1,625.6 millones más que el año anterior.
De ese total, el grueso se destina a gastos corrientes, principalmente las operaciones del Gobierno y los intereses de la deuda. El gasto corriente totalizó $9,115.6 millones, es decir, $903.7 millones más que en el mismo periodo del año anterior.
El MEF señaló que “el gobierno central fue el de mayor peso por el incremento en el pago de salarios, producto de leyes especiales, contratación de personal de salud para hacerle frente a la pandemia, pagos de bienes y servicios, transferencias al sector privado y pago de documentos fiscales”.
Al considerar solo ahorros y gastos corrientes se produce un resultado negativo de $1,449.4 millones, “indicativo de que no se generaron los recursos para financiar inversiones por esta vía”, señala el MEF.
El titular de la cartera, Héctor Alexander, ha señalado en varias ocasiones que en 2020 y 2021 se tendría que recurrir a deuda para cubrir los costos operativos del Gobierno, una ecuación que no es sostenible en el tiempo, como ha reconocido el propio Alexander.
El gasto de capital también creció en el periodo, para totalizar $2,567.7 millones, un aumento de $721.9 millones o 39.1%, impulsado por un mayor gasto en inversiones físicas y por los gastos vinculados al programa Panamá Solidario.
Para el economista Olmedo Estrada, las cifras de déficit son las que se esperaban, porque “se continúa haciendo lo mismo, no hay contención del gasto, ni reducción de planilla ni revisión de subsidios. Se ha seguido gastando lo que no se tiene”.
Para el conjunto de 2021, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal marca un límite de déficit en un rango entre 7% y 7.5% del PIB.
Para el próximo año, la propia regla reduce el margen de déficit a un 4%, marcando una tendencia de consolidación fiscal que debería continuar hasta lograr bajar el déficit a un 1.5% del PIB en 2025.
Las agencias de calificación han señalado que, más allá de 2022, la trayectoria de las métricas de deuda dependerá de que el Gobierno se mantenga dentro de los límites estipulados en la ley, pero, a la vez, han mostrado dudas sobre su capacidad para conseguirlo.
