La debilitada situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), del que salen los recursos para pagar las jubilaciones y pensiones, podría incidir negativamente en los indicadores de las finanzas públicas y ser un factor negativo dentro de los elementos que analizan las calificadoras para definir el riesgo crediticio del país.
El pasado 14 de enero, el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, reveló que en 2018 se utilizaron $48 millones de las reservas del subsistema definido del programa IVM y que en 2019 se usaron otros $228 millones. Adelantó, además, que si no se toman medidas las reservas se agotarán en 2023.
El anuncio de Lau puso números y fechas a una realidad que ya era conocida en el país y entre analistas internacionales.
Renzo Merino, analista líder de riesgo soberano de Panamá de la calificadora Moody’s Investors Service, dijo en una conversación telefónica con este diario que en los comunicados de la calificadora se viene señalando, al menos desde 2015, que si se tomaran medidas para afrontar los riesgos que provienen de la CSS sería positivo para la calificación, porque se limitaría un eventual impacto fiscal negativo.
En finanzas públicas, el balance fiscal de la CSS consolida con el del Gobierno Central. El analista explicó que en los últimos años, la CSS registró superávits que balancearon el déficit en que incurre el Gobierno Central.
No obstante, adelantó que si las cuentas de la CSS sufren por la escasez de reservas, el Gobierno tendría que hacer un mayor esfuerzo para cumplir las metas de déficit, que están estipuladas por ley. “La situación fiscal ha mostrado un deterioro, de acuerdo a los anuncios del gobierno. Una mayor debilidad por las cuentas fiscales de la CSS crea aún más fuentes de presiones negativas en cuanto al perfil crediticio”, manifestó Merino.
Incremento de la deuda
Moody’s elevó la calificación de riesgo de Panamá de Baa2 a Baa1 en marzo de 2019. El país llegaba así al tercer peldaño dentro del grado de inversión y se quedaba a uno de pasar a la “A”, lo que le daría una nueva categoría al país en cuanto a su calificación de riesgo.
Panamá ha aprovechado en los últimos años el grado de inversión para obtener financiamientos a tasas más bajas, al ser considerado un emisor seguro.
Las calificadoras analizan con detalle todos los eventos que tienen un eventual impacto en las finanzas públicas, ya que la calificación es una opinión sobre la capacidad y la voluntad de un emisor de deuda, en este caso Panamá como República, de cumplir sus compromisos.
Merino dijo que la expectativa el año pasado, cuando se elevó la calificación, era que la relación entre la deuda y el producto interno bruto (PIB) se estabilizase por debajo del 40%.
No obstante, luego de que asumiera el poder la nueva administración gubernamental, se conoció la existencia de cuentas atrasadas por pagar y que el déficit fiscal de 2019 sería superior a lo esperado, como consecuencia de que la economía no se recuperó al ritmo esperado, lo que afectó los ingresos.
El resultado es que la relación entre la deuda bruta y el PIB pasará, según los cálculos de la agencia, de un 39.4% en 2018 a un 46% al término de 2019.
Merino observa “un deterioro significativo” en los indicadores de deuda del Gobierno, pero destaca que el país todavía se compara positivamente con otras economías con una calificación similar.
A corto y mediano plazo, la agencia va a estar pendiente de las medidas que tome el Gobierno para cumplir los límites de déficit establecidos en la ley, que deberían seguir una tendencia a la baja. “Si se vuelve a la práctica anterior de cambiar las metas todos los años, eso sería negativo en cuanto a la credibilidad de la política fiscal”, apuntó.
La agencia espera que en 2020 la economía repunte. Para 2019 estima un crecimiento de 3.2%, a falta de la publicación del dato oficial por parte de la Contraloría General de la República.
La actividad remontará este año entre 4% y 4.5%, recogiendo el beneficio del primer año completo de operaciones de la mina de cobre de Colón. Merino dijo que la incógnita es el sector de la construcción, que tiene un peso relativo importante en la composición del PIB y en la generación de empleo. “Una recuperación de este sector, algo que no sucedió el año pasado, apoyaría una expansión del PIB cercana al 4.5%”, apuntó.
A medio plazo, el crecimiento se ubicaría en niveles cercanos al 4%. Como sucede con los ratios de deuda, los números serán más débiles de lo que se esperaba hace unos años, pero todavía son superiores a los de países con similar nivel de calificación de riesgo. “Panamá va a tener que ajustarse a una nueva realidad con un crecimiento todavía fuerte, pero más moderado, y eso puede que lleve a un esfuerzo mayor para reducir el déficit fiscal”, concluyó el analista.
Consultado sobre cuándo se revisaría la calificación de Panamá, el analista dijo que en Moody’s no hay un calendario específico de revisiones, pero tratan de que no pasen más de dos años sin tomar un acción sobre la nota, aunque sea para reafirmar la existente.