La construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones subterráneas se ha convertido en una necesidad para muchos promotores inmobiliarios, que quieren ofrecer a los residentes un entorno amigable y liberado de la contaminación visual de cables aéreos, transformadores y postes.
Sin embargo, no encuentran ningún tipo de incentivo para desarrollar el concepto ciudad jardín en sus urbanizaciones. Más bien, al contrario.
Las distribuidoras eléctricas —en Panamá operan Unión Fenosa y Elektra Noreste— son las encargadas de construir las instalaciones. Para mantener la eficiencia de costos que les exige la normativa, estas empresas construyen redes aéreas.
En el caso de que un promotor quiera hacer una red subterránea, la eléctrica solo le devuelve el costo de la aérea, entre dos y tres veces más barata. Lo demás va por cuenta del promotor.
Además, Elektra —que permite en sus redes aéreas el uso de aluminio— exige que la red subterránea sea de cobre, un material más caro.
“De forma que cuando ellos construyen la red, la hacen de la forma más barata posible; pero cuando la hacemos nosotros y se la cedemos, estamos obligados a hacer la más cara. No solo nos obligan a regalarles un carro, tiene que ser un Mercedes”, alega Mauricio Garzón, gerente general de Grupo Pijao Panamá, promotora que desarrolla varios proyectos en el país.
Gustavo Bayard, gerente de Ingeniería de la Dirección de Distribución e Ingeniería de Elektra, afirma que cuando ellos construyen redes subterráneas, utilizan conductores de cobre en media tensión. Así, la infraestructura que los promotores ceden a Elektra “debe ser construida de acuerdo con nuestras normas. El uso de conductores distintos a los normalizados por la empresa tendría implicaciones financieras y de logística”, explicó.
En consecuencia, a las promotoras no les queda margen de maniobra. “Sin electricidad no podemos vender casas y para poner electricidad tenemos que aceptar sus exigencias”, dicen desde Grupo Pijao.
Al final, las promotoras trasladan esos costos a sus clientes, convirtiéndose estos en los financiadores de la infraestructura. Las eléctricas reciben una red subterránea, y luego cobran por su servicio a esos mismos clientes que pagaron la obra, sin que le reconozcan la inversión realizada.
Víctor Urrutia, administrador de la Autoridad de Servicios Públicos (Asep), dijo que la entidad puede mediar entre promotora y eléctrica para que se busque una solución y aclaró que las eléctricas no ganan más dinero por el hecho de que otro construya la infraestructura. Además, recordó que las tarifas eléctricas se fijan de acuerdo a criterios de eficiencia. Esto significa que se exige a las eléctricas que presten un servicio de calidad a un costo razonable.
