La firma legal Morgan & Morgan en representación de Tocumen, S.A., presentó un escrito de oposición ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) contra la petición que hizo la empresa Odebrecht (OEC) para que este organismo no continúe con el proceso de apelación presentado por la empresa brasileña para que se revierta la anulación del contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros.
Esta semana OEC, (siglas en portugués de Odebrecht Ingeniería y Construcción), notificó al TACP, que el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá se declaró competente para administrar la solicitud de arbitraje presentada en noviembre de 2021.
De acuerdo con Odebrecht, la decisión del centro de conciliación confirma que la jurisdicción arbitral es el único foro competente para conocer todas las disputas entre OEC y la administración de la principal terminal aérea del país.
Contrato. Adendas y avance
$243
Millones aumentó el costo del contrato para la construcción de la nueva terminal. El monto original del contrato era de 674 millones de dólares.
20
Puertas de abordaje tiene la nueva terminal de pasajeros, pero solo se están utilizando 10 debido a los trabajos que no se han completado.
$910
Millones asegura Tocumen que ha pagado a Odebrecht, quedando por cancelar $7 millones.
“Reiteramos respetuosamente al TACP que debe inhibirse de conocer del presente proceso (apelación), y debe remitir las partes a la jurisdicción arbitral, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 131 de 2013 y conforme ha sido reconocido por los reiterados pronunciamientos de este Tribunal”, señala Odebrecht en su notificación sobre la decisión del centro de conciliación.
Un día después que OEC presentó su solicitud al TACP, el 8 de febrero, Tocumen rebatió estos argumentos y señaló que es “falso”, que la esfera arbitral sea el único foro competente para conocer sobre todas las disputas entre Tocumen y Odebrecht.
En su escrito de oposición, Tocumen sostiene que la secretaría del centro de conciliación no tiene facultades legales para decretar las competencias del Tribunal arbitral que estará integrado por tres árbitros y que serán los responsables de revisar los argumentos de ambas partes.
La firma de abogados contratada por Tocumen sostiene en su escrito que “la cláusula de resolución de conflictos del contrato 038/12 contiene una definición de controversia que no comprende la resolución administrativa (anulación) del contrato”.
“Debemos reiterar que el tribunal administrativo es competente para dirimir el recurso de apelación interpuesto, así como Tocumen para haber emitido la resolución administrativa del contrato”, sostiene la firma de abogados.
Además de solicitar que se revierta la anulación del contrato, así como la inhabilitación de tres años para participar en licitaciones públicas decretada por Tocumen, OEC pide un pago de 19 millones de dólares y una prórroga de 90 días para terminar los trabajos pendientes.
El 10 de febrero Tocumen informó que una inspección realizada por el Consorcio PM Terminal Sur, S.A., contratado para supervisar la construcción del edificio de 116 mil metros cuadrados, arrojó que al 31 de enero OEC solo había atendido 22 trabajos pendientes de un total de 400 que no se corrigieron antes que venciera la octava adenda del contrato el pasado 30 de septiembre.
Tocumen señala que Odebrecht está dilatando los trabajos al mantener solo 30 trabajadores en el proyecto.
Ante estos señalamientos, voceros de la compañía brasileña, señalaron que la empresa ha cumplido sus obligaciones contractuales relacionadas con el proyecto de expansión de Tocumen.
“Dado que la administración de Tocumen rompió cualquier posibilidad de continuar negociaciones y tomó iniciativas que considera infundadas, OEC ha invocado el mecanismo de solución de controversias previsto en el contrato, para obtener una resolución técnica e imparcial a las diferencias suscitadas con Tocumen”, señalan.
Agregan que la empresa ha manifestado y reitera su compromiso con Panamá y su disposición para solucionar las controversias lo más pronto posible, para beneficio del proyecto y de los usuarios.
Los representantes legales de Tocumen sostienen que a través de la resolución administrativa se abordan puntos que están fuera de la esfera arbitral como las sanciones e inhabilitaciones conforme a la legislación administrativa.
En opinión de Tocumen estos temas están reservados exclusivamente a la entidad pública contratante y a la Dirección General de Contrataciones Públicas y, por tanto, su legalidad puede ser objeto de análisis del TACP o bien la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Precisamente, la sala tercera rechazó en noviembre pasado una advertencia de inconstitucionalidad presentada por Odebrecht.
El magistrado Carlos Vásquez no admitió la advertencia al considerar que el recurso se interpuso después que Tocumen tomó la decisión de anular el contrato, cuando la acción debió someterse antes que se resolviera el contrato.
Igual final tuvo la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales solicitada por OEC contra la anulación del contrato y que no fue admitida por el pleno de la CSJ.
Raffoul Arab, gerente general de Tocumen, S.A., ha comentado que no renunciará al derecho de recibir toda la obra al 100%, de acuerdo con el contrato firmado en 2012.
