El acuerdo de Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, que este jueves fue definitivamente aprobado por los diputados británicos, busca facilitar el divorcio estableciendo los derechos de los ciudadanos, la factura financiera y cómo mantener abierta la frontera en la isla de Irlanda.
El texto prevé un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el cual los británicos seguirán aplicando y beneficiándose de las normas europeas. Pagarán su contribución financiera, pero sin participar en las instituciones ni en la toma de decisiones.
La transición busca evitar una ruptura abrupta.
Según el acuerdo, este período puede prorrogarse una vez, y de mutuo acuerdo, hasta el final de 2022 como máximo. Pero el primer ministro inglés Boris Johnson se niega a hacerlo y añadió en el proyecto de ley en una disposición que prohíbe toda extensión de esta transición.
Los 3.2 millones de europeos que viven en el Reino Unido y los 1.2 millones de británicos residentes en el continente podrán seguir estudiando, trabajando, recibiendo subsidios y reuniendo a sus familias como hasta ahora.