Luego de la formalización de su salida de la Unión Europea en un proceso conocido como ‘brexit’, Reino Unido adoptó su propia lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales, replicando las listas gris y negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Una nota del Tesoro británico del pasado 25 de marzo advierte a sus sujetos regulados el requerimiento de aplicar medidas de debida diligencia ampliada a las jurisdicciones consideradas de alto riesgo.
La misma nota señala que se eliminan las referencias a la lista de terceros países de alto riesgo de la Comisión Europea y se adopta una nueva relación de países basada en la lista de GAFI.
Panamá figura en la lista del GAFI desde junio de 2019 y en la última revisión, el pasado mes de febrero, el organismo recordó que los tiempos acordados en el plan de acción se habían vencido e instó a las autoridades panameñas a abordar las deficiencias detectadas “tan pronto como sea posible”.
El abogado Carlos Barsallo apuntó ayer a este diario que la nota del Tesoro británico es equivalente a lo que hace la Red de Control de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El hecho de que las instituciones financieras de otros países tengan que adoptar medidas de debida diligencia ampliada en sus relaciones con Panamá implica mayores procesos y complica las relaciones comerciales, por ejemplo, con la apertura de cuentas, lo que termina molestando al cliente bancario.
El también presidente del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional dijo que la mayoría de países listados no son centros financieros, así que hay un desbalance en cuanto a los efectos de estar en la lista. “El que no puede estar ahí es un centro que use el dólar”, dijo en una clara referencia a Panamá.
En la lista del GAFI y por lo tanto en la lista de Reino Unido no aparecen algunas dependencias de la corona británica, como Islas Vírgenes Británicas.
Barsallo dijo que habrá críticos que cuestionen esto, pero recordó que al mismo tiempo esta jurisdicción está dando pasos como el anuncio de la creación en 2023 de un registro público de beneficiarios finales.
En contraste, Panamá aprobó por ley en marzo de 2020 un registro privado de beneficiarios finales, pero a la fecha no ha sido creado.
