La empresa española Sacyr, integrante del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que construyó el tercer juego de esclusas, cumplió los requisitos para que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional revise la supuesta violación al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de inversiones entre España y Panamá.
Este acuerdo bilateral fue firmado entre los dos países el 10 de noviembre de 1997.
Sacyr presentó el caso ante la instancia arbitral en 2018 y como parte del proceso el tribunal aceptó entrar a conocerlo, pero no significa que la empresa española tenga la razón en sus señalamientos, dijo una fuente conocedora de estos procesos.
El contrato para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas se lo adjudicó GUPC en 2009 por $3 mil 118 millones tras la licitación desarrollada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El consorcio, que lideraba Sacyr, se adjudicó el contrato tras ofertar el precio más bajo. En este contrato se estipuló que la última instancia para atender las diferencias entre las partes sería bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami, Estados Unidos.
Los acuerdos de protecciones de las inversiones se firman entre los Estados y en algunos casos son incluidos como parte de los tratados comerciales, cuando existen entre dos países.
Sacyr busca señalar que las actuaciones de la ACP se pueden atribuir a la República de Panamá.
En un comunicado, la empresa indica que luego de aceptar ver el proceso se entrará en “la fase en la que las partes tendrán que discutir sobre el fondo de las pretensiones económicas de Sacyr, así como sobre las demás defensas esgrimidas por Panamá”.
La notificación de este arbitraje la recibió Panamá en 2018, a través de la firma forense Three Crowns, en representación de Sacyr,S.A., mediante la cual se comunicó al Gobierno panameño las pretenciones de la empresa española, según la resolución de Gabinete 36 del 13 de abril de 2021, que aprobó al Ministerio de Economía y Finanzas la contratación de la firma forense Foley Hoag LLP, para que represente al país en este proceso. Este contrato por servicios legales asciende a $4.9 millones y de acuerdo al desglose de honorarios está vigente hasta 2023.
Desde que se la empresa presentó este caso ante esta instancia no señaló cuantía específica y solo se limitó a expresar que la misma surgiría en el desarrollo del proceso.
Durante la ejecución de la construcción del tercer juego de esclusas, el consorcio quiso llegar a un acuerdo con la ACP para que se le reconocieran parte de los supuestos sobrecostos, pero la administración del Canal se negó y siempre llamó a cumplir con lo establecido en el contrato a salir de la ruta establecida en el contrato.
En los primeros años de construcción del proyecto hubo un nivel de tensión que llegó a la paralización de los trabajos en 2014 por parte de GUPC. Tras un acuerdo con la ACP se continuaron los trabajos hasta que se entregaron. El tercer juego de esclusas pudo iniciar operaciones el 26 de junio de 2016, mientras se resuelven algunos de los reclamos presentados por GUPC.
