Aunque la aprobación de una moratoria de tres meses para el pago de obligaciones bancarias de todo tipo a personas y empresas afectadas por la crisis del Covid-19 tiene la intención de proteger a ciertos sectores, “también va a ocasionar desequilibrios sobre el sector bancario y la economía nacional, que posteriormente serán difíciles de corregir y con impactos más costosos y severos”.
Así se manifestó el superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, en una nota dirigida a la Asamblea Nacional el pasado 2 de abril, en la que plantea su posición sobre el proyecto de ley 287, aprobado por el Legislativo en tercer debate y pendiente de sanción por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, a quien Castillo envó copia de la misiva.
El proyecto 287 introduciría una moratoria de tres meses -a partir de marzo pasado- para préstamos de consumo, comerciales, de transporte y prendarios concedidos por bancos, cooperativas y financieras a las personas y empresas afectadas por la paralización de la economía, como consecuencia de la pandemia.
Castillo señala que los fondos que se prestan a los clientes provienen de los ahorros de todos los agentes económicos. Entonces, una alteración en el flujo de pagos de los préstamos tendría un “impacto adverso en los fondos que se captan para poder prestar y apoyar el desarrollo de la economía”.
El regulador recuerda que los préstamos corporativos se estructuran de acuerdo a la naturaleza de cada operación bancaria y de cada sector económico, por lo que una suspensión de 90 días podría no tener ningún efecto positivo para el cliente.
Las medidas aprobadas por el regulador y que ya están en vigor permiten que los bancos evalúen la condición de sus clientes corporativos para ofrecer soluciones a la medida, mientras que en el caso de los préstamos de consumo, ya se anunció una prórroga de tres meses para los clientes afectados.