El costo de las construcciones, adiciones y reparaciones registradas en los municipios del país es uno de los indicadores económicos que mensualmente reporta la Contraloría General de la República y que sirve para medir el pulso de la inversión futura en la construcción privada, uno de los sectores con más peso en la economía.
Como ha sucedido con buena parte de las actividades, la pandemia ha provocado un desplome en estos indicadores en lo que va del año.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre enero y octubre se aprobaron construcciones por un monto total de $416.7 millones, cifra que representa una caída de 59% si se compara con los $1,016.4 millones aprobados en el mismo periodo de 2019.
El INEC explica en el reporte que el dato se refiere “al costo declarado al obtenerse la aprobación de los planos en los municipios respectivos”. En la lista están algunos de los municipios con mayor actividad económica del país, con la excepción de San Miguelito. Los datos se refieren exclusivamente a obra privada y por lo tanto no incluyen proyectos de inversión estatal.
Cuando se hace el análisis por municipio, se observa que la mayor parte de proyectos se concentra en la provincia de Panamá. En concreto, entre enero y octubre se aprobaron construcciones, adiciones y reparaciones por $260.2 millones, 60.2% menos que en los diez primeros meses de 2019.
Por tipo de construcción, se aprobaron más proyectos residenciales que no residenciales, pero en ambos casos los registros caen sustancialmente.
Las obras residenciales aprobadas hasta octubre suman $229.9 millones, un 62.5% menos que en el periodo anterior. Las no residenciales, por su parte, totalizaron $186.8 millones, es decir, una caída de 53.7% respecto al registro del año anterior.
Para Jorge Lara, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), los datos son un reflejo de la inactividad que ha tenido el sector desde la irrupción de la pandemia y la aplicación de restricciones para contener la propagación del nuevo coronavirus.
“Durante los primeros tres meses de pandemia, en abril, mayo y junio, tuvimos una paralización económica total. No podíamos hacer trámites”.
Las cifras mensuales reflejan el fuerte parón al que se refiere el empresario. En abril, por ejemplo, solamente se tramitaron obras por un valor de $5.8 millones, el registro más bajo en todo el año.
A partir de agosto los datos repuntan, siendo septiembre el mejor mes desde que comenzó la pandemia, con $46.9 millones, pero aún con una caída de 28.1% al compararse con su similar de 2019.
Estos indicadores son una muestra de cómo será la actividad de la industria en los próximos meses, cuando esos permisos se conviertan en obras en ejecución.
Para el cierre del año, y con el inicio de la estación seca, suele elevarse la actividad en la construcción, pero Lara señaló que las empresas están a la expectativa por la situación laboral y el vencimiento de los decretos que permiten suspender los contratos laborales y trabajar en jornadas reducidas.
Varios líderes de gremios empresariales han manifestado que la reactivación no es lo suficientemente robusta como para incorporar a todo el personal suspendido y con jornadas completas, por lo que se requeriría una extensión de las medidas temporales, que vencen el 31 de diciembre.
Además, el sector de la construcción y otros proveedores estatales aún esperan que el Gobierno pague las cuentas pendientes, lo que serviría para inyectar liquidez a la economía.
Para el próximo año, la industria confía en la efectividad de la recientemente aprobada ley de arrendamiento inmobiliario, figura que permite el alquiler de una propiedad con opción a compra, aplicando parte del canon de arrendamiento pagado al precio de venta.
Aunque la ley ya se aprobó, está pendiente la reglamentación para que sea una realidad en el mercado.
La fórmula aspira a facilitar el acceso a la vivienda a los potenciales compradores y a reducir el inventario existente a las promotoras, lo que daría pie a hacer nuevas inversiones.