La estatal Caja de Ahorros (CA) otorgó un financiamiento interino de 5 millones 75 dólares para construir un proyecto playero, mientras que el terreno donde se levantó la obra tenía un valor catastral de 849 dólares. Se trata de la finca 72590, en San Carlos, Corona.
Allí, Proyectos de Playa S.A., representada por Roberto Rollón García, construyó el Condohotel Ibiza Playa Corona.
El terreno en el Pacífico panameño fue adquirido por Rollón hace seis años por 10 mil dólares, según las escrituras que reposan en el Registro Público.
Un año más tarde, en 2010, la CA aprobó otorgar el financiamiento para sufragar parte de la inversión, hoy fuertemente cuestionada.
La política de financiamiento utilizada en la Caja de Ahorros (CA), bajo la gerencia de Jason Pastor, está bajo escrutinio.
Ello debido a que nueve meses después de iniciarse el gobierno de Ricardo Martinelli, la CA pactó un millonario financiamiento interino para la construcción de un proyecto playero.
La entidad estatal prestó $5 millones 75 mil que servirían para levantar una torre de 12 pisos en San Carlos, playa Corona.
El contrato se perfeccionó en marzo de 2010 y lleva la firma de Pastor, quien actuó como representante legal del banco. Su contraparte fue el inversionista español Roberto Rollón García, de Proyectos de Playa S.A., promotora del Condohotel Ibiza Playa Corona.
Este se comprometía a construir un edificio de ocho pisos de apartamentos, tres plantas de estacionamientos y un piso de área social, donde estarían las salas de conferencias, piscinas y un spa.
Como una condición precedente al desembolso de los $5 millones 75 mil, la CA pidió un nivel de preventa del 55% de los apartamentos.
Pero, lo que llama la atención de esta transacción, es que la finca 72590, en la que se construiría el edificio, tenía un valor catastral de apenas $849, de acuerdo con información del Registro Público.
También resulta notorio que, en 2009, Proyectos de Playa S.A. compró el terreno por $10 mil, según escritura pública.
Por esta transacción se pagaron $225 en impuesto de transferencia de bienes inmuebles.
Pedro Meilán, abogado de Rollón García, prefirió no hacer comentarios hasta analizar la documentación citada.
Sin embargo, banqueros y abogados consultados advierten que el valor catastral debería estar actualizado en el Registro Público, como una condición para el otorgamiento del préstamo.
“Si esto no se hizo podría haber una falla garrafal que podría incluir un problema en el pago de impuestos”, señalan.
Además, coincidieron en que es difícil creer que un terreno con una superficie inicial de mil 384 metros en la playa cueste $10 mil.
“Podría tratarse de un monto disfrazado”, dijeron.
Los apartamentos en este proyecto costaron entre $80 mil y $100 mil. De hecho, la CA calculó que con la venta de alrededor de 55 apartamentos, el promotor podría conseguir el dinero solicitado para el financiamiento de la obra.
Directivos de la CA guardan silencio sobre los detalles del valor del terreno registrado al momento del otorgamiento del préstamos.
Este medio envió un cuestionario orientado a conocer la política de financiamiento de la entidad estatal, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Ayer se visitaron las nuevas oficinas de Pastor, el exgerente de la CA -ahora dedicado a dar asesoría financiera- pero no se encontraba. Tampoco atendió llamadas.
Fernando Correa, Ricardo Chanis y Riccardo Francolini, exdirectivos de la entidad en el período Martinelli, tampoco respondieron.
El secuestro de 14 fincas en los proyectos de playa Ibiza Playa Coronado y en Ibiza Playa Corona han develado la forma en la que funcionaba la CA.
El promotor de los dos condohoteles segregóáreas comunes de los proyectos en fincas independientes para ponerlas en venta.
Luego de comercializarlas a favor de R . G. Hotels, las mismas fueron hipotecadas y puestas en garantía para conseguir otro préstamo millonario.
Este financiamiento también se consiguió de la mano de CA bajo la administración de Pastor, quien aceptó como garantía áreas comunes en ambos proyectos y otorgó un préstamo por $5 millones en abril de 2013.
R.G. Hotels no pagó la deuda y la CA ejerció el embargo de las fincas en garantía desde febrero de este año.
A partir de ese momento, los propietarios de los apartamentos se han agrupado y presentaron una querella penal para que se investigue la supuesta comisión del delito de corrupción de servidores públicos, peculado y abuso de autoridad.
En tanto, sale a relucir un proyecto millonario en tierras a precio de ganga.
