La plataforma del sistema de servicio de programación de tránsito y gestión de recursos marítimos, adquirida por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se canceló porque “no mostraba la capacidad necesaria para poder hacer esa implementación”, afirmó el administrador del Canal Ricaurte Vásquez, durante su comparecencia en la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional.
Luego de dos días de discusión y el cuestionamiento de los diputados sobre el contenido del presupuesto del Canal para el año fiscal 2021, el martes en la noche el proyecto de presupuesto por $3,308 millones se aprobó en primer debate. Se presupuestan aportes al Tesoro Nacional por $1,760 millones, que sería el tercero mayor desde la transferencia del Canal hace 20 años.
Vásquez confirmó que el costo de Quintiq fue de $15.8 millones, de los cuales, $8.5 millones corresponden al pago por la plataforma; y del resto, $6 millones al contrato con consultores extranjeros para poder implementar la plataforma, además de los gastos internos del Canal, entre ellos programadores y otros que estaban designados a desarrollar el sistema.
La licencia de la plataforma la conserva el Canal como uno de sus activos pero su renovación para el año fiscal 2021 no fue incluida en el presupuesto.
El administrador explicó que si se encuentra una posibilidad de usarla se va a utilizar pero no para el propósito para el cual fue adquirida que era la programación y asignación de tránsito de buques por el Canal.
Cuando se dio a conocer este proyecto en 2017, un año después de la inauguración de la ampliación, la ACP anunció que con este nuevo método, la vía acuática podría ejecutar un plan operativo integrado de manera total para todos sus recursos, incluyendo los remolcadores, prácticos y asistentes de cubierta (pasacables). Se planeaba mejorar la toma de decisiones, lo que a su vez ayudaría a mitigar el riesgo operacional y reducir costos de funcionamiento, sin embargo, nada de esto se pudo implementar.
Investigación
El Ministerio Público inició una investigación de oficio por la posible comisión del delito de peculado en perjuicio de la ACP, luego de las publicaciones en redes sociales sobre la contratación de este programa, por la existencia de presuntas irregularidades en la puesta en marcha del mismo.
A lo interno de la ACP, el fiscalizador también inició una investigación que debe ser presentada a la junta directiva del Canal, organismo al cual responde este funcionario.
Durante la sustentación del presupuesto del Canal, el presidente de la junta directiva, Aristides Royo dijo que una de las cosas que se ha aprendido es que se necesita reforzar el papel del fiscalizador del Canal, para que no solamente advierta, sino que tome decisiones, algo similar a la función que ejerce el contralor General de la República.
Desde que el Canal pasó a administración panameña el fiscalizador hace investigaciones, cuyos resultados se presentan a la junta directiva, pero es poca la información que trasciende sobre los casos investigados.
Según el artículo 28 de la Ley 19 del 11 de junio de 1997, por la que se organiza la Autoridad del Canal de Panamá orgánica del Canal, “el fiscalizador general es responsable por la realización y supervisión de áuditos e investigaciones, relacionadas con la operación de la Autoridad. El fiscalizador general deberá promover la economía, eficiencia y efectividad en la administración, prevenir y detectar el fraude y el abuso de autoridad, así como recomendar las políticas destinadas a esos fines”.
En un año el Canal espera adjudicar el sistema para plan hídrico
El Canal de Panamá anunció que a más tardar en septiembre de 2021 se debe haber adjudicado el sistema de administración de recursos hídricos.
El detalle del proyecto, que espera lograr más aportes de agua, lo presentó ayer José E. Reyes, vicepresidente de la oficina de proyectos hídricos de la Autoridad del Canal del Canal (ACP), durante la reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).
Actualmente está en fase de precalificación para escoger a los potenciales contratistas que no serán más de cinco.
En diciembre de 2020, la ACP espera emitir los pliegos de cargo, donde aparecerán todos los requisitos y condiciones que se evaluarán. Para este proyecto se utilizará la metodología, que es una variante de diseño y construcción, en la cual el contratista asume toda la responsabilidad y debe entregar el proyecto operativo o los proyectos, en 2025, para que en 2026 se cuente con una solución de agua para los próximos 50 años.