Si se concreta la venta del 10% de las acciones que el Estado panameño tiene en la empresa Panama Ports Company (PPC), esos dineros se deben depositar en el Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), según señala la legislación que regula este patrimonio.
Según el numeral 3 del artículo 8 de la Ley 51 de 10 de octubre de 2018, que reformó la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal y la Ley 38 de 2012 , el FAP se constituirá, entre otros, de “los fondos provenientes de la venta de las acciones de las empresas mixtas propiedad del Estado”.
Actualmente el FAP tiene un valor de $1,407 millones, sin embargo, ha transferido aproximadamente $385 millones a distintos gobiernos, a través de dividendos o retiros, incluyendo las solicitudes por pandemia.
La propuesta de vender esta participación accionaria del Estado a PPC la hizo el contralor Gerardo Solís durante la última reunión de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) luego de la aprobación de la resolución que autorizó la renovación automática del contrato a PPC.
Hasta el momento se desconoce cuál es el valor de esas acciones de PPC y este es uno de los temas medulares que tendría que evaluar el Estado para determinar si conviene la venta o si es mejor idea continuar con la participación accionaria en la empresa, dijeron fuentes conocedoras del tema.
Tras la negociación para la renovación del contrato a PPC, la empresa se comprometió a pagar como mínimo $7 millones cada año en dividendos del 10% de las acciones del Estado o $175 millones en los 25 años.
Desde que recibió la concesión en 1997 hasta 2014, la empresa no pagó dividendos al Estado.
En 2015 pagó $1 millón y posteriormente hizo otros desembolsos hasta un total de $8 millones, en el periodo de 23 años y 5 meses que cubrió la auditoría de la Contraloría General de la República al contrato.
En ese periodo la empresa reportó utilidades por más de $900 millones, de los cuales debió pagar $90 millones al Estado por el 10% de participación, es decir, dejó de pagar aproximadamente $82 millones.
Hay 10 empresas en las cuales el Estado tiene participación accionaria: AES Panamá, Cable & Wireless, Bahía Las Minas, ENSA, Edemet, Edechi , Enel Fortuna, Energía y Servicios de Panamá, Petroterminal de Panamá y Panama Ports Company.
La mayor parte de estas empresas se formó con la reestructuración del sistema eléctrico, telefónico y portuario, en 1996. Desde entonces, el Estado ha conservado su participación en estas empresas.
