Nunca ha tenido contacto con un proveedor de determinados servicios y productos, pero resulta que en esta empresa lo conocen tan bien como a un buen amigo. Saben dónde vive, cuántos años tiene, a qué se dedica y dónde suele hacer sus compras.
Algunas veces es información de referencia que ha dado alguien de su familia, pero nunca con la intención de que lo hostiguen. Otras veces es fuga de información que usted mismo proporcionó a algún comercio y no lo recuerda.
En otras ocasiones se trata de algún registro que compartió en línea para tener acceso a un servicio en particular. Usted lo hizo convencido de que su reporte, que incluye hasta número de identificación personal, es un formalismo para seguir con el proceso, pero resulta que esta información parece haberle dado la vuelta al globo terráqueo.
Así, sus datos más íntimos ahora son del dominio de empresas y comercios que lo ven como un cliente apetecible. Lo llaman. Casi lo persiguen. Por más que diga decenas de veces que no está interesado en un producto, el vendedor del otro lado del teléfono parece no hablar su mismo idioma. Y así, la llamada se repite semana tras semana.
Frente a esta realidad, asociaciones de consumidores han mostrado su inquietud ante la obtención de datos tan personales como los hábitos de consumo de las personas.
En vista de esta situación, estos gremios exhortan a que se establezca una normativa que proteja a los nacionales de aquellas empresas que se dedican a manejar y comercializar de manera ilegal la información de los consumidores.
Así lo consideran la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) y el Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu) en una proclama al celebrarse hoy el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y que este año lleva por lema “Construir un mundo digital en el que los consumidores puedan confiar” y que planteó la organización Consumers International, la cual trabaja con unas 250 organizaciones miembros en 120 países.
Representantes de ambos gremios denuncian que la información personal de los consumidores está en manos de terceras empresas que aprovechan las plataformas digitales para pedir y controlar “lo que comemos, lo que sabemos, lo que escribimos y lo que guardamos”.
Tan solo en los grandes tratados de libre comercio que se negocian en el ámbito mundial, la compra y venta de banco de datos digitales es un tema relevante, aseguró Pedro Acosta, presidente de Uncurepa, tras alegar que Panamá no escapa a la entrega de información de este tipo.
Otro de los aspectos por el que mostraron su inquietud estos gremios al conmemorarse este día, es que luego de 20 años de jurisdicción en materia de protección al consumidor, la ciudadanía sigue enfocada en los mismos problemas, como lo son transporte, canasta básica, acceso público, así como acceso a la justicia administrativa y de toda una serie de controversias dentro del plano de la competencia, que hacen complicado una interacción real y práctica entre a lo que los consumidores tienen derecho y lo que el Estado está facilitando día tras día.
Tanto Acosta como Giovani Fletcher, presidente de Ipadecu, sostienen que hace 20 años se dio un gran paso en Panamá, cuando por primera vez se promulga una ley de protección al consumidor, pero que vino atada con otro aspecto, como lo es la libre competencia.
Para Fletcher, este modelo de protección al consumidor ligado a la competencia es un mecanismo poco usado en otros países, por lo que estima que en Panamá lo que se necesita es que este tema sea más personalizado y alejado de la libre competencia.
En este sentido, opina que la corrección y el cambio de modelo, crearían una entidad pública con suficiente fuerza para proteger a los consumidores propiamente dicho.
Estos activistas manifiestan que en Panamá los derechos de los consumidores están disgregados en varios sectores de atención, cuando la tendencia moderna es que en un solo cuerpo legal o institución se ventilen.
“Mientras sigamos dependiendo de que una sola institución maneje la protección al consumidor junto con la libre competencia, los consumidores vamos a tener ese lastre que no permite que nuestra legislación avance en esta materia”, afirmó Pedro Acosta.
A esta iniciativa, igualmente proponen que se instaure un código de protección al consumidor como tienen países sudamericanos.